Los parientes de las víctimas de la masacre en El Mozote han recibido la resolución judicial con “esperanza”, dijo ayer Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.
Para el abogado, el fallo judicial abre la posibilidad para que se conozca la verdad y no queden impunes los asesinatos de más de mil personas, cometidos por el Ejército en diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, del cantón La Guacamaya, de Meanguera, Morazán.
Medrano dijo que, desde 1990, Tutela Legal, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Promotora de Derechos Humanos (que aglutina a familiares de las víctimas) han pedido que se investigue, juzgue y sancione a los responsables.
“Han pasado casi 35 años y los familiares aún esperan justicia. El mayor obstáculo que siempre teníamos era que el juez no resolviera favorablemente, pero en este caso, creo que el juez ya no tiene ninguna justificación para dejar de investigar...”, señaló Medrano.
A juicio del querellante, al juez lo respalda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2012, le ordenó a El Salvador investigar la masacre. También el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, en julio pasado, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.