Según Delia Ferreira, miembro de la organización Transparencia Internacional, el derecho de acceso a la información pública tiene tres retos principales: transformar la cultura del secretismo que impera en el sector público, adaptar el marco legal para que este derecho sea garantizado para los ciudadanos y pensar en mecanismos efectivos de registro y almacenamiento de datos para que estos estén al alcance de quien los solicita.
La experta, quien impartió una ponencia sobre transparencia en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia organizada por Fusades, comentó que en muchas ocasiones el marco legal de un país pone trabas a la facilidad con la que un ciudadano puede conocer cómo funciona y cuánto cuesta la operación del aparato público.
Estas limitaciones pueden darse por medio de leyes tímidas o de criterios demasiado amplios para ocultar información. En el caso de El Salvador, indicó que la Ley de Acceso a la Información Pública es sólida, de hecho una de las mejores del mundo, pero hay vacíos en la aplicación de la misma, que se traduce en reservas excesivas de información que debería ser pública.
Ferreira explicó que el derecho de acceso a la información pública debe partir de un principio de máxima apertura y que las reservas son la excepción, por lo que “deberían interpretarse de la forma más estrecha posible para no afectar el derecho original”.
Más allá de los límites legales, explicó que hay barreras que residen en “cómo se implementa (el derecho de acceso a información) para poder dar los datos que la gente pide, hay que tenerlos guardados”.
A su juicio, el mal almacenamiento de información es una barrera que evita que el ciudadano pueda conocer los aspectos importantes de la administración pública y, en el peor de los casos, sirve como excusa para no abrir la gestión pública.
Afortunadamente, dijo que se van generando “estándares de cómo se debe guardar la información y conservar los registros, así cuando un ciudadano o periodista pida la información, esta esté accesible y no se use como excusa que no se guardaron bien los datos o no existen”, dijo.
De no ser así, explicó que el mal registro puede ser usado maliciosamente para mantener algunos datos lejos del alcance de los ciudadanos, quienes generalmente no saben si la información realmente desapareció o si hay intención de no revelarla. “Eso será cuestión de que los periodistas de investigación revisen, ver si no existían los datos y se perdieron o solo no los quisieron dar en violación del principio de que la información debe estar al alcance del ciudadano”, manifestó.
La cultura del secretismo
Paralelo a los retos legales y de almacenamiento de datos, Delia Ferreira señaló que el gran reto de la transparencia es cultural: el de transformar la cultura de secretismo.
“Hay que cambiar esta parte de la administración pública para que los funcionarios entiendan que la información no es del Estado, sino de los ciudadanos. El Estado administra y registra pero los datos son de los ciudadanos”, manifestó Ferreira, quien explicó que a lo largo de la historia quien maneja los datos considera que tiene el poder de disponer de la información caprichosamente.
Según la experta, para afrontar este reto, más que herramientas legales, se requiere de una verdadera participación ciudadana capaz de hacer presión al sector público y con las herramientas técnicas suficientes para escalar una denegación de información a las correspondientes instancias judiciales, en el caso de El Salvador, al Instituto de Acceso a la Información Pública o a la misma Corte Suprema de Justicia.
Información e integridad
Delia Ferreira explicó que la transparencia tiene dos caras: el acceso a la información y la integridad, que “tiene que ver con la ética pública y la ética del funcionario”.
Gracias a este enfoque, los ciudadanos pueden emplear las herramientas legales a su alcance para conocer datos de la gestión pública, pero también para combatir la corrupción y controlar los posibles conflictos de interés en la administración.
“Lo que se busca no es molestar a nadie, sino mejorar la democracia en la que vivimos todos”, explicó Ferreira.
Finalmente, agregó que el siguiente paso al que debería aspirar El Salvador es el gobierno abierto, es decir que el funcionario no solo revele información, sino que abra un canal en dos vías y reciba aportes de los ciudadanos, sin importar su postura ante el gobierno de turno.
“El gobierno abierto es un paso más allá del derecho de acceso a la información, pues implica abrir la puerta a la participación en la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas. La apertura de los procesos de decisión debe ser una apertura amplia y no restringida a las organizaciones de la sociedad civil que son amigas o afines al gobierno”, aclaró Ferreira.
Además añadió que “esto le permite al gobierno conocer a la ciudadanía en cuanto a sus necesidades e intereses y debatirlos en forma conjunta. Creo que ese es el gran desafío hoy”.