Aliados por la Democracia ha presentado ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) una petición para que adopte decisiones tendientes a frenar los ataques a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte de grupos afines al partido en el gobierno.
"Recurrimos a usted para solicitarle: interponga sus buenos oficios y adopte decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática salvadoreña ante el inminente recrudecimiento de los ataques desde diferentes instancias y personajes públicos dirigidos a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República", dice en el escrito hecho público hoy.
Además le piden se "apersona su digna autoridad, su representante o cualquier otro funcionario de la OEA de manera urgente a El Salvador a fin de identificar, registrar e iniciar la investigación de los hechos acá expuertos, por constituirse atentados a la independencia judicial y en contra de la labor de la FGR".
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Las organizaciones aglutinadas en Aliados por la Democracia también le piden a Almagro que le pida informe al gobierno salvadoreño sobre los hechos mencionados en diferentes instancias de la OEA.
La petición de estas organizaciones se dan en el marco de las diferentes protestas y marchas que han organizado sindicatos y otros grupos de personas que se han concentrado frente al edificio de la Corte Suprema y desde donde han expresado su descontento con resoluciones de la Sala de lo Constitucional e incluso han llamado "corruptos" a los magistrados de ese tribunal y han pedido su destitución.
Estos grupos han expresado claramente que defienden al gobierno de Sánchez Cerén.
Mientras que desde el gobierno y el partido gobernante, el FMLN, se han tenido varias expresiones en contra de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, incluidas las del mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, quien ha culpado a la Sala de los problemas financieros que atraviesa su administración por haber resuelto en contra del procedimiento legislativo con que se aprobó la emisión de $900 millones en bonos.