El Juzgado Cuarto de Paz resolvió ayer procesar en libertad al expresidente del Banco Multisectorial Interamericano (BMI, ahora BANDESAL), Nicola Ernesto Angelucci Silva, y al exdirector de la asociación Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, quienes son acusados del presunto desvío de seis millones de dólares.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en el año 2002, cuando Angelucci fungía como presidente del BMI, también presidía la asociación Infocentros, logró convenios con instituciones y la entidad bancaria, cuando la ley de esta no se lo permitía, por ser de carácter privada.
En total, hasta el 2009, fueron suscritos siete de ellos, con los cuales se habría apropiado de la cantidad antes mencionada.
Según la Fiscalía, uno de los convenios fue el relacionado con la Red del Desarrollo, proyecto que era parte de Infocentros, que supuestamente creó Angelucci y lo habría introducido al BMI, presentándolo ante la Junta Directiva como una idea propia de la gerencia, para apropiarse de fondos del banco.
“Son siete convenios en total, los cuales no podían haberse suscrito, porque la ley del BMI no permitía la suscripción de convenios, y menos la incorporación de una asociación sin fines de lucro como era la asociación Infocentros”, señaló ayer la fiscal de la Unidad de Anticorrupción, Rocío Rodríguez.
Ante estos señalamientos, a Angelucci se le ha acusado de negociaciones ilícitas y peculado, mientras que a Figueroa se le vincula como colaborar con el expresidente del BMI en este último delito.
Fiscalía explicó que para el proceso cuenta con prueba documental que reflejan la certificación de los convenios realizados, que han sido emitidos por el BMI, así como otras instituciones.
Además de prueba testimonial de personas que trabajaron en la entidad bancaria y que vinculan a Angelucci de haber introducido esas ideas con el fin presuntamente de apropiarse de los fondos.
Mario Machado, abogado defensor del imputado, manifestó que la ley del BMI sí permitía realizar acciones financieras relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos, y que en ese sentido, permitía establecer convenios.
Sostuvo que uno de los argumentos expuestos ayer ante el Juzgado está una resolución emitida en el 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) que se permiten ese tipo de acciones administrativas con finalidades que estén enmarcadas en la ley.