Los más de 4 mil millones de dólares que han recibido las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública y de investigación criminal como presupuestos anuales, no se han vistos traducidos en la efectividad que se requiere para el combate de la violencia y el crimen, por el contrario, los índices de homicidios han alcanzado cifras como nunca se habían registrado en el historia del país, superando hasta los 6,600 asesinatos solo el año pasado.
A las cifras anteriores se les debe de sumar préstamos, donaciones y fondos de los impuestos para seguridad pública que aprobó la Asamblea Legislativa y han recibido en este mismo período.
Hay que recordar que más de 28,000 personas han muerto a raíz de la violencia en los últimos siete años, es decir en los dos gobiernos del FMLN, cifras que no tienen antecedentes históricos. En los datos anteriores no se contemplan las miles de personas desaparecidas en el mismo período.
El economista Rafael Lemus señala que los dos últimos gobiernos del FMLN son los que mayores recursos económicos han tenido en el área de la seguridad ciudadana; y sin embargo, los índices del crimen, están lejos de reducirse, por el contrario, éstos se han incrementado a niveles nunca antes vistos.
Al igual que los asesinatos, el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad también han ido en aumento desde que el partido de izquierda FMLN asumió las riendas del país, según el economista.
En siete años de los dos gobiernos del FMLN, las autoridades de Seguridad han recibido 2,693.1 millones de dólares como presupuesto ordinario, pero ese incremento de fondos no se ha visto reflejado en mejorar la seguridad pública. Por el contrario, los niveles de criminalidad han sido las peores en la historia del país con hasta más de 100 homicidios por cada 100,000 mil habitantes, cifra histórica nunca antes registrada.
De esos 2,693.1 millones de dólares, 2,015 estaban destinados para las operaciones de la Policía en los últimos siete años.
“Si uno compara respecto de 2009 hasta el 2015, los recursos le cambiaron de 281 millones a 530 millones de dólares, son como 240 millones más, es algo más del 90 por ciento en siete años, entonces no es tan cierto de que no se les ha dado recursos, es al contrario, recursos financieros se les ha dado cuando uno ve que en siete años casi se duplica”, dijo el economista Lemus
Como la Fuerza Armada también está involucrada en tareas de seguridad pública, también se debe de incorporar los fondos recibidos en el mismo período, de acuerdo a Lemus.
El Ministerio de Defensa recibió 1,116.5 millones de dólares entre el 2010 y este año.
Al momento de recibir las riendas de la seguridad púbica, en el gobierno de Mauricio Funes, el promedio de homicidios oscilaba en 11 por día. Los dos gobiernos izquierdistas no han logrado bajar ni una tan sola cifra con sus propias estrategias de seguridad. Entre los años 2012 y 2013, el promedio de homicidios alcanzó la siete muertes violentas por día, pero fue producto de la tregua entre las pandillas. Sin embargo, las cifras de las personas desaparecidas durante esos años aumentaron considerablemente.
Lo anterior se puede interpretar de que los presupuestos de las instituciones que integran el sistema de seguridad pública e investigación del delito, llámense Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa y Fiscalía, se ha incrementado en un 80 por ciento desde 2010 a este año.
A las tres instituciones se les ha erogado 4,115,9 millones de dólares en los últimos siete años. La única institución que no ha visto incrementó considerablemente en su presupuesto ha sido la Fiscalía General. En los últimos años ha tenido leves aumentos.
De los más de 4,000 millones de dólares, la Fiscalía ha recibido solo 306.4 millones de dólares, restando capacidad para aumentar su plantilla de fiscales y tener mejores estrategias de investigación.
Préstamos alcanzan los $335 millones
A lo anterior se le agregan los 335 millones de dólares en préstamos que ha recibido el Gobierno para destinarlo a la Seguridad Pública.
Entre septiembre de 2013 y abril de 2015, se le aprobaron cuatro préstamos con organismos internacionales, los cuales suman 183 millones de dólares para mejoras en la infraestructura penitenciaria, para la construcción de espacios seguros a jóvenes, y la construcción del edificio de la Fiscalía General.
De esos préstamos, solo 15 millones han sido invertidos, el resto se encuentra en espera de ser utilizados.
Otros 152 millones de dólares en bonos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para seguridad pública.
Y no se puede dejar de lado, la aprobación del impuesto a la telefonía que les dará 40 millones de dólares al año.
“Para mí, hay un gran desafío que no se ha tocado que tiene que ver con el territorio, para mi el territorio lo siguen controlando las pandillas, lo que ha habido es como un reacomodo y las pandillas han dicho no vamos a chocar, aunque el Gobierno entre y se salga, pero no sostiene territorios, entonces en ese jueguito no hemos avanzado”, dijo.
Sostiene que “ese desbalance entre más dinero, más homicidios, ha significado un cambio de la estrategia del Gobierno, y es que el Gobierno ha tratado probablemente de sofisticar la investigación del delito, sin duda tendrá más capacidad de infiltración, de control de llamadas, de control en penales, pero eso no hace un cambio importante en el territorio, probablemente no hemos pensado en el cambio que se necesita para cambiar la correlación en el territorio”.
Y agregó que “si los recursos están siendo usados para hacer relativamente haciendo lo mismo, no se va a ver resultados concretos, si digamos es de pasar de un carro viejo a un carro nuevo y de armas viejas a armas nuevas, solo se está renovando los equipos, pero no se está cambiando la estrategia en función del objetivo del control territorial de las pandillas, para mi esa es la parte que no se ha hecho”.
Señala que ante la estrategia del Gobierno ha habido una respuesta de las pandillas, y es que “la intención es evitar chocar con las fuerzas policiales y militares. Sí pudo haber bajado el número de homicidios, no se está asociando recursos con el número de homicidios, sino que es un tema de cambio de estrategia de ambos lados”.
No se miden resultados por aumento de gastos
Lemus señala que uno de los problemas del Gobierno y los anteriores es que no se mide la efectividad de la inversión pública, con base a resultados del gasto que se hace con el dinero de las arcas del Estado.
“Si ese aumento del presupuesto no se traduce en la reducción de la violencia, tenemos poca efectividad en materia de calidad del gasto, es decir, en cuanto contribuye el aumento de gastos a obtener un resultado positivo”, señala Lemus, quien agrega que “entonces gastamos, pero no garantizamos efectividad de resultados, eso es un problema del país, ni siquiera medimos eso y sino no lo mido no le doy importancia”.