El presidente de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), Enzo Bianchi, aseguró que fue ilegal la decisión del gobierno de Mauricio Funes de entregar el millonario contrato sin licitación a Polistepeque Comunicación y Marketing, para la campaña publicitaria gubernamental, pues viola la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Tras la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó a Casa Presidencial hacer públicos los gastos de publicidad del periodo Funes, los datos colgados en la página web de la Presidencia revelan que a Polistepeque, con tan solo tres días de haber sido creada en El Salvador, se le adjudicó el contrato por $1.4 millones, vía contratación directa y sin ninguna otra empresa competidora.
Lo anterior fue para el “Servicio de Agencia de Publicidad para el Diseño, Producción e Implementación de Campaña” para el plazo de mayo a diciembre de 2010.
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Además, a la empresa le fue prorrogado el contrato para los primeros 8 meses de 2011, lo que supone el pago de un monto similar a los $1.4 millones del primer contrato, aunque este último dato no aparece en el Portal de Transparencia de la Presidencia.
El acuerdo para entregar dicho contrato a la empresa del amigo y asesor del expresidente Funes, Joao Santana (ahora procesado por supuesta corrupción en Brasil), se tomó el 19 de noviembre de 2009 con el aval del entonces presidente y varios funcionarios de su gobierno.
De hecho, el contrato para la campaña publicitaria incluía a los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad, Obras Públicas, Hacienda, la Secretaría de la Cultura, ANDA,CEL, ISSS, entre otros ministerios y autónomas.
Bianchi recuerda que en su momento, a través de un comunicado y luego en una reunión en Casa Presidencial, se le hizo saber a Funes sobre la ilegalidad que se estaba cometiendo al obviar la participación de empresas nacionales con amplia experiencia en el ramo y dar el contrato a una sola empresa, en este caso a Polistepeque.
“Solicitamos una opinión jurídica que se la enviamos en donde le hacíamos ver y demostramos al Presidente que definitivamente era una ilegalidad lo que estaba haciendo”, recordó Bianchi.
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En efecto, en un comunicado divulgado por ASAP el 13 de enero de 2010 se estableció que “la resolución aludida viola las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Pero más allá de su ilegalidad, dicha resolución constituye un acto desleal, anticompetitivo, contrario a la libertad económica y a la ética. Es más, constituye la creación de un monopolio de la publicidad gubernamental”.
Bianchi, al igual que la directora ejecutiva de ASAP, Ana Alicia Arbizú, asegura que la industria publicitaria lleva más de 70 años y que en el país existen agencias con alta experiencia en campañas publicitarias.
Es por eso que les llamó la atención que el gobierno de Funes no llamara a la licitación pública para que participaran más empresas sino que decidieran entregarla directamente a Polistepeque, que recién había sido constituida en el país por Santana, como consta en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).
“Ahora, asumir que ahí había corrupción o lo que sea, no podíamos nosotros probarlo, ni siquiera sugerirlo pero es obvio que una negociación de esta índole, dándole tanta cantidad (de dinero), tanto negocio a una sola agencia, se presta para eso, pero eso ni siquiera lo mencionamos”, manifestó Bianchi.
Fue el mismo Funes quien días después salió defendiendo el contrato a Polistepeque, argumentando que se hizo una investigación del mercado publicitario y que “no encontramos dentro de las agencias de publicidad y productoras existentes en el país, las calidades y experiencia necesarias para asumir una parte de la propaganda gubernamental”.
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“Eso no tiene ninguna validez. Si en gobiernos anteriores todas las campañas eran manejadas por empresas locales”, apuntó Arbizú.
“Como se dijo en su momento en el comunicado, ese contrato fue a todas luces antiético, un irrespeto a la industria publicitaria y además es falso, porque operan en el país más de 10 franquicias internacionales”, agregó Bianchi.
Prometió y no cumplió
Ambos directivos de ASAP aseguraron que en aquella ocasión inclusive se reunieron con el presidente Funes en Casa Presidencial para abordar ese tema y que el mandatario se comprometió a abrir a licitación el servicio de campaña publicitaria gubernamental, pero que nunca lo cumplió.
“Funes dijo que iba a darle seguimiento a lo que habíamos acordado de que se derogara esa resolución. Él había prometido que iba a ver si lo hacía y que iba abrir a concurso de licitación, lo cual no sucedió”, aseguró el presidente de la ASAP.