El informe de los gastos de publicidad de Casa Presidencial (Capres) de los años 2010 hecho público ayer por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demuestra que la firma del brasileño Joao Santana, Polistepeque Comunicación y Marketing, recibió la adjudicación de un contrato por $1.4 millones vía contratación directa y sin otras empresas competidoras.
Los documentos, que están en el Portal de Transparencia de la Presidencia, demuestran que para no realizar un proceso de licitación pública la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) solicitó, en octubre de 2009, una investigación para identificar empresas y sociedades “que cumplan con los parámetros establecidos por la Secretaría de Comunicaciones”.
Para ello indagaron las credenciales de siete empresas del país, las cuales, según la información hecha pública, solo se dedicaban al giro de agencias de publicidad y no al de producción de campañas publicitarias, por lo que fueron descartadas.
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Así, documentos firmados por Olga Patricia Zablah, entonces Directora de Prensa de Capres; Ricardo Marroquin, Jefe de UACI; y Lissette Mirón Cordón, asesora de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones,demuestran que para la Presidencia sólo Polistepeque cumplía con los requerimientos, por lo que procedía el proceso de contratación directa.
Esto queda demostrado en una resolución avalada por el mismo ex presidente Funes y ocho funcionarios de varios ministerios y autónomas quienes, el 19 de noviembre de 2009, emitieron una resolución de contratación directa para la adquisición del “Servicio de Diseño, Producción e Implementación de Campaña a la sociedad que gira bajo la denominación Polistepeque Comunicación y Marketing”.
En este mismo expediente también se ordenaba, sin hacer un proceso de licitación pública, que 11 instituciones del Ejecutivo realizaran contratación directa de los servicios de publicidad, entre estas el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Secretaría de la Cultura, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) establece que un contrato directo procede cuando el servicio es proporcionado por una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística no permite promover una licitación.
Ese fue el argumento que esgrimió Funes en 2010: “Hicimos una investigación de mercado y no encontramos, dentro de las agencias de publicidad y productoras existentes en el país, las calidades y la experiencia necesaria para asumir una parte de la propaganda gubernamental o de la publicidad gubernamental”, dijo al defender la adjudicación de la empresa de Santana.
Sin embargo, los documentos que entregó Capres dejan claro que el contrato original con la firma de Santana fue de $1.4 millones para los servicios publicitarios entre mayo y diciembre de 2010 y que existió una prórroga por un monto similar (aunque sin registros de ello) entre enero y agosto de 2011.
Según el archivo del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR), Polistepeque Comunicación y Marketing S.A. de C.V. se asentó un 4 de junio de 2009 con el número 102 del Registro de Escrituras Sociales. A esa fecha Funes tenía solo tres días en la Presidencia.
Su representante legal desde entonces fue Joao Cerqueira de Santa Filho, aunque para la mayoría de operaciones en el país delegó a su esposa, Mónica Regina Cunha Moura, quien también tenía firma registrada y autorizada en la sociedad.
El Registro de Comercio del CNR también demuestra que su capital de fundación fue de $117,000 y que, seis meses más tarde sus ventas netas sumaban $578,345.
A Santana se le acusa en Brasil de recibir sobornos de hasta $3 millones del conglomerado de construcción Odebrecht en una trama para desviar fondos de la estatal Petrobras, según explicaron hace varias semanas las autoridades locales.
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La firma brasileña Odebrecht buscó continuar con las obras de construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral ya que fue precalificada en enero de 2014 por CEL tras una declaratoria “de urgencia” que la junta directiva de la institución acordó seis meses antes.
Sobre este caso hay que resaltar que la información sobre los gastos de publicidad de la Presidencia, durante el año 2010, tampoco fue entregada a los ciudadanos Roberto Burgos y Xenia Hernández en julio de 2014, porque la Presidencia argumentó que si esta información llegase a hacerse pública podría perjudicar la libre competencia entre las agencias publicitarias.
Ante la negativa de la Presidencia, Burgos y Hernández pidieron en julio de 2014 al Instituto de Acceso a la Información (IAIP) que impugnara la decisión del oficial de información de Capres, Pavel Cruz.
Sin embargo, el IAIP terminó por darle la razón a la Presidencia y solo autorizó a que se publicara el monto global de los gastos en publicidad y no autorizó a entregar los nombres de las agencias de publicidad y el monto detallado de los gastos.
Hernández dijo ayer que con la información hecha pública por la Presidencia queda demostrado que nunca se puso en riesgo el tema de la libertad “de competencia” entre las agencias de publicidad y que dicho argumento, para negar la información en un primer momento, “es muy cuestionable”.
“Se ve que la contratación directa se hizo con la justificación que era la única empresa que podía dar ese servicio, si ese es el caso, los argumentos que en su momento Capres presentó para no entregar la información no eran pertinentes pues supuestamente no existía otra empresa que diera ese servicio y por lo tanto no se podía caer en colusión de intereses como se reiteró. Lo que hubo fue una falta grave de transparencia por parte de la Presidencia”, analizó Hernández.
La abogada recordó que en este tema tiene más peso el derecho de acceso a la información que el de la libre competencia entre agencias de publicidad.