En una entrevista radial esta mañana, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, lamentó la actitud de muchos diputados y funcionarios que, en lugar de velar porque sus actos jurídicos y políticos se apeguen a la legalidad, se dedican a desprestigiar los fallos que les incomodan.
Particularmente, Blanco se refirió a aquellas sentencias que le han impedido al Ejecutivo acceder a más fondos o a la Asamblea Legislativa a emitir más impuestos, y explicó que la Sala no está obstaculizando el acceso a fondos, sino velando por que esto se haga sin violar los parámetros que establece la Constitución.
"Lo que la Sala ha determinado es que al fijarse un impuesto debe observarse la Constitución y los criterios jurisprudenciales de manera que la Asamblea Legislativa puede corregir los vicios constitucionales que la Sala ha determinado (...) La Sala no puede invalidar impuestos fijados con base en la Constitución", explicó el magistrado.
Sin embargo, señaló que la prioridad no parece ser un estudio a conciencia de la Constitución para acceder a más fondos sin violar la legalidad, sino simplemente el de atacar a la Sala.
"Hemos visto que la Asamblea prefiere atacar a la Sala como responsable que irse de nuevo a hacer las correcciones que les corresponden", dijo, y recordó que el papel de los tribunales constitucionales independientes y valientes, por su labor de control al poder, suele ser el de "un tribunal incómodo para los gobiernos".
Por ello, dijo que a pesar de todos los ataques contra la Sala, la labor de la Asamblea Legislativa y el Gobierno es de ceñirse a los principios constitucionales.
Por otro lado, Blanco advirtió que en los regímenes excesivamente presidencialistas, sin un control constitucional sólido, todos los poderes tienden a "aceptar como órdenes las directrices del Ejecutivo". En estos casos, explicó, las instituciones llegan a confabular arbitrariamente contra el ciudadano, pues este no puede controlar la gestión pública, fiscalizarla o demandarla.
Finalmente, el magistrado de la Sala aclaró que la Sala no tiene ningún roce con el gobierno y recordó que esta no actúa de oficio, sino que resuelve aquellas demandas que los ciudadanos han hecho. " La contención no es entre Sala y Gobierno sino un ciudadano con un acto del Gobierno", dijo.