Documentos que exponen un ingreso de cerca de 728 mil dólares aparentemente sin origen justificado, el pago de deudas, la adquisición de ocho automotores y un lote de 85 armas, son algunas de las 290 pruebas que la Cámara Segunda de lo Civil admitió contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo, Diego, y la exprimera Dama Vanda Pignato.
De esta manera, el tribunal superior dio marcha adelante hacia la siguiente etapa del juicio que sigue contra el exgobernante por presunto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía, sin embargo, quiere ir más allá y determinar el número exacto de las armas adquiridas por Funes durante el tiempo que fue presidente, así como el origen del dinero con el que fueron adquiridas, para lo cual la Cámara le aprobó hacer más peritajes.
Las declaraciones de estas armas, según han sostenido en el proceso la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, no fue presentada por Funes ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando dejó el cargo, por lo que el patrimonio, que presuntamente, no tiene origen lícito podría ser mayor a los $728 mil detectados hasta el momento.
Estos son los 5 delitos por los que es investigado el expresidente Mauricio Funes
Los fiscales del caso manifestaron durante la primera audiencia de este caso que las solicitudes de peritajes están basadas en las siete irregularidades identificadas por la Sección de Probidad.
En ese sentido, el fiscal Fabio Figueroa aseguró ayer que entre los puntos que fortalecen la demanda, es la pretensión de determinar si entre octubre y diciembre de 2009, existen evidencias en el sistema financiero o en el Ministerio de Hacienda que reporten el ingreso de $639 mil, producto de las liquidaciones del movimiento “Amigos de Mauricio”.
El movimiento estaba conformado por personas cercanas a Funes, quienes lo impulsaron a la Presidencia por FMLN.
De evidenciarse eso, también debe determinarse si el dinero fue utilizado para la compra de dos vehículos.
Durante la audiencia, realizada la semana pasada, el Ministerio Público manifestó que de haber recibido dicha cantidad, el expresidente tenía la obligación de reportarlos a Hacienda, señalando que la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece que los parámetros para investigar actos de este tipo son aquellos que revelan falta de probidad en el gasto de dinero.
La trama detrás de las propiedades vinculadas a Mauricio Funes
Ante lo cual el abogado de Funes, Enrique Antonio Araujo Machuca, dijo que su cliente aseguró en la parte administrativa del proceso que el dinero, cuyo destino es punto de investigación, no fue depositado en el sistema financiero.
Son, además, parte de las irregularidades planteadas por la Sección de Probidad y que la Fiscalía tiene interés de indagar con las pesquisas, si la sociedad Multimedia S.A. de C.V. pagó a Funes $121 mil en concepto de servicios relacionados con el área audiovisual, y si existen elementos contables en la empresa que respalden estos ingresos, entre los años 2012 y 2014.
Sumado a ello, las investigaciones pretenden conocer si la sociedad Agrosuministros S.A. de C.V. tenía la capacidad para prestarle al expresidente $250 mil, tal como él lo ha señalado.
Las transacciones bancarias realizadas por los tres procesados están en la mira del Ministerio Público.
Los datos financieros muestran que Diego Roberto, sin recibir ingresos, vendió y adquirió vehículos, supuestamente, a través de la transferencia de $95 mil que Regina Cañas (su madre) hizo al joven por medio de un préstamo obtenido a nombre José Luis Flores Mancía.
Mientras que Funes y Pignato gastaron en pagar deudas 220 mil dólares, lo que incluye pagos de colegiatura, compra de vehículos, armas, gastos cotidianos y viajes, entre otros aspectos.
De la cantidad antes mencionada, Fiscalía indicó que el pago de crédito de ambos era de $194 mil, pero Funes gastó 26 mil para saldar una deuda adquirida desde 2009 con la sociedad JFC Servicios Jurídicos S.A. de C.V.
“Los fondos del Estado no son conciliables”
Ana Galindo, una de las fiscales del caso, manifestó que de ser encontrado culpable, Funes tendría que devolver al Estado la cantidad que hasta el momento no ha podido justificar, ya que en estos procesos no puede existir una conciliación.
“Los fondos del Estado no son conciliables”, aseguró ayer, luego de conocer la resolución de la Cámara.
Agregó que la demostración de culpabilidad también inhabilitaría al expresidente de desempañarse en algún cargo público.
Galindo explicó que la Fiscalía no está en la obligación de probar este incremento injustificado, sino que son las personas señaladas las que deben establecer que no se han enriquecido de forma ilícita.
La próxima audiencia quedó programada para el 15 de noviembre de este año.