El abogado y directivo de la empresa G.C.A Telecom, José Eduardo Cáceres Chávez, conocido como Pino Cáceres, le pidió ayer formalmente a la Fiscalia General de la República que investigue “la falacia” expresada por la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, de que dicha empresa evade impuestos y que está vinculada al magistrado de la Corte Suprema Belarmino Jaime.
En un escrito presentado ayer a la Fiscalía, Cáceres y otro directivo, José Belarmino Jaime De la O, exponen que el viernes 2 de septiembre, la diputada del FMLN, Lorena Peña, afirmó que el magistrado Jaime, por medio de G.C.A Telecom y otras empresas “fantasmas” estaba evadiendo impuestos por varios millones de dólares.
Ante tales declaraciones, los dos directivos de la empresa le expresan al Fiscal General que el magistrado de la Corte Suprema “no está involucrado en nada relativo a esta sociedad”, ni esa firma evade impuestos como lo afirma la diputada efemelenista.
También que “esta empresa siempre ha tenido por norma cumplir con las obligaciones tributarias, laborales y de cualquier índole”.
Además exponen “que las empresas que se calificaron de “fantasmas” y que “según se expresó la Presidenta de al Asamblea no las encuentran por ningún lado, en realidad son sociedades autorizadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)”, realmente tienen autorización de la SIGET y dan números de registro y fechas de publicación en el Diario Oficial, tanto de IP Holdings y Avaltel.
Las autorizaciones, dice el escrito, son para operar como prestadoras de servicio telefónico, y en ese sentido ingresaban al país llamadas telefónicas provenienes del extranjero y que GCA firmó los contratos correspondientes para hacer la distribución de dichas llamadas hacia el interior del país a fin de que lleguen a sus destinatarios finales.
Por esas transacciones, aseguran, se pagó en su oportunidad el impuesto de $0.04 por minuto, de acuerdo con la ley vigente de impuestos específicos a las llamadas telefónicas provenientes del exterior con destino final El Salvador.
De igual manera, le dicen al Fiscal que desde 2002 a 2014, la Dirección General de Impuestos de Hacienda ha practicado 19 auditorías a la empresa y que a partir de 2015 y en lo que va de 2016 han permanecido auditores de Hacienda en esa empresa examinando todos los documentos que han solicitado.
“Resultado del cual, dicha dirección no ha encontrado ningún incumplimiento tributario de la empresa”, dicen.
Con respecto al impuesto de los catorce centavos, la empresa le recuerda al Fiscal General que dicho tributo fue declarado inconstitucional en 2014, por lo que “ese impuesto ha desaparecido”.
“La sociedad GCA Telecom S.A. de C.V. contrariamente a lo expresado por la presidenta de la Asamblea nunca evadió el impuesto de los $0.04 de las llamadas entrantes, pero desde luego, sí percibió un ingreso por el servicio de distribución prestado a otras empresas”, afirman los directivos.
El pasado 12 de septiembre, Peña dijo en un espacio de entrevista:“Hay suficiente documentación para hacer una investigación a fondo contra Belarmino Jaime, espero que el señor fiscal inicie con la respectiva investigación”.
También aseguró que la firma, según ella, vinculada a Jaime, retuvo y no declaró $3.2 millones vía impuesto de $0.04 por minuto de llamada entrante desde el exterior.
A su vez pidió a la Fiscalía que investigara al magistrado evasión de la empresa IP Holding’s “como con la empresa fantasma que si no me equivoco se llama Avatel”.
Peña es quien más ha señalado la vinculación de Jaime con la supuesta evasión, mientras funcionarios y miembros del partido gobierno, y organizaciones afines al oficialismo han mantenido una serie de protestas en contra de Jaime y otros tres magistrados de la Corte Suprema, a quienes tildan de corruptos y achacan los problemas del país (ver nota aparte).
En el escrito, la empresa cuestiona que Hacienda no le haya notificado el documento divulgado por Peña y que a ella “pareciera que se lo notificó” por “razones que no se alcanzan a comprender pero que fácilmente se adivinan”, algo que dicen a ella no le compete hacerlo público. “Este procedimiento obviamente es absolutamente ilegal y con toda seguridad mal intencionado”, afirman.
Por tanto, agregan, que la empresa “nada tiene que ocultar” y que prueba de ello presentarán junto con el escrito copias de los contratos de las dos sociedades “fantasmas” las que se refiere Peña.
De igual manera, dicen, le adjuntan los créditos fiscales que comprueba lo que ha cobrado por el servicio prestado.
Segundo desmentido
Esta es la segunda vez que Cáceres desmiente a Peña sobre el tema. La semana pasada, el exjefe de Probidad de la CSJ publicó un comunicado en el que calificó de “calumnia” la declaración de Peña y advirtió que tomaría las medidas legales. Ayer volvió a desmentir a la legisladora ante la Fiscalía General y le pide que la investigue su “falacia”.
“Queremos manifestarle que no tenemos absolutamente ninguna objeción en cualquier investigación que se quiera realizar, pues tendrá como resultado final descubrir la falacia expresada pro la Presidenta de la Asamblea Legislativa”, dicen al Fiscal.