Un grupo de juristas se unió a las voces de condena por los cada vez más fuertes ataques en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y llamaron a defender sus sentencias aún y cuando no se esté de acuerdo con estas.
Varios abogados que participaron ayer en un debate sobre las sentencias de la Sala de lo Constitucional, sobre la Ley de Amnistía y los $900 millones en bonos, entre ellos, Enrique Borgo Bustamante, José Domingo Méndez, Enrique Anaya, José Luis Lovo Castelar y Beatrice de Carrillo, se unieron al rechazo a las actividades de calle que grupos afines al FMLN están realizando en contra de la Sala, tal y como lo denunciaron el viernes la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y gremiales de abogados como el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Estas agrupaciones acusaron al partido FMLN de estar detrás de estas acciones, pues según dijeron, busca el “control del Poder Judicial” y pidieron a la Fiscalía General de la República que investigue estos hechos en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solicitaron la intervención de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.
“Realmente hay una provocación por parte del partido en el gobierno que pretende desestabilizar a la Sala; es decir, que no es que la Sala quiera desestabilizar al gobierno, sino que quieren paralizar a la Sala porque no están de acuerdo con sus resoluciones; entonces, lo que quieren es aniquilar al Poder Judicial, especialmente a la Sala de lo Constitucional para que también en la Asamblea Legislativa, con una matemática legislativa van hacia la toma total del poder, y en eso no estamos de acuerdo”, manifestó el expresidente de la CSJ, José Domingo Méndez.
El también miembro de los Aliados por la Democracia dijo que sobre estos hechos en contra de la Sala ya lo ha denunciado esa agrupación de la sociedad civil y aseguró que como Aliados la otra semana pedirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mantengan la “vigilancia” ante estos acontecimientos que “no solo ponen en peligro la integridad física de los magistrados, sino que ponen en peligro el Estado de Derecho”.
El abogado y exvicepresidente de la República, Enrique Borgo Bustamante consideró que no se puede estar de acuerdo con algunos fallos, pero pasar a las amenazas y acciones de hecho en contra de los magistrados, “es totalmente condenable”, más cuando es algo premeditado y coordinado.
“Definitivamente estos no son movimientos espontáneos que vengan de grupos de gente que va a manifestarse contra las sentencias de la Sala; conque nosotros los abogados no conocemos todas las sentencias de la Sala, menos gente que no está en este oficio; la verdad es que si alguien va es porque alguien los está empujando, y eso no puede ser”, dijo Borgo Bustamante.
Para Enrique Anaya, todas las sentencias son debatibles, pero deben hacerse desde al ámbito técnico y académico y no argumentar “que están preparando un golpe de estado técnico, un golpe de estado suave, esas son tonterías, hay que criticar las sentencias desde una perspectiva técnica”, afirmó.
La exprocuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo también manifestó su desacuerdo con los grupos que están siendo movilizados en contra de la Sala. “Yo no estoy de acuerdo de mezclar la política con lo judicial; entonces, quien sea que se pone en términos sociales en las calles de forma demagógica a manifestar en contra de cuestiones legales, me parece fuera de lugar”, externó la abogada.
“Cuando advertimos que destruir o disolver o afectar las potestades constitucionales de la Sala, es ya parte de una política, consideramos eso, muy alarmante. Tenemos que defender la Sala como institución, aún y cuando no estemos de acuerdo con sus fallos”, enfatizó José Luis Lovo Castelar.