La Jueza de Paz de Apopa, Rosa Lilian Ponce de Maravilla, resolvió ayer darle libertad a Dennis Antonio González Miranda, el importador de carros que es procesado junto a miembros de la MS, mientras enfrenta la etapa de instrucción tras ser señalado de dos nuevos delitos.
González Miranda fue acusado con un grupo de personas, incluido el exdirector de Aduanas, Joaquín Eduardo Rodas Beltrán, por atribuírseles falsedad material y contrabando de mercadería.
Según fuentes de la Fiscalía General, que el procesado ahora goce de libertad, no era posible, porque ya tiene libertad condicional en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, donde a principios de agosto compadeció a la audiencia de imposición medidas, tras ser señalado por las autoridades de ser un presunto colaborador de pandilleros de la MS que fueron capturados en la operación denominada Jaque.
La misma fuente fiscal manifestó que en 2010, la jueza Ponce de Maravilla dejó libre a más de 75 personas, acusadas de delitos como usurpación de viviendas y hurto de agua potable, antes de emitir una resolución.
Según la Fiscalía, los nuevos delitos que hoy se le imputan a González Miranda se deben a que en una declaración de mercadería enviada a la Delegación de Aduanas AGDOSA Apopa, en 2015, se encontraron irregularidades sobre documentación de un vehículo a su nombre.
El requerimiento del Ministerio Público detalla que la declaración fue enviada el 19 de mayo del año antes mencionado. Un día después, Luis Alberto Arteaga Herrera, asistente del agente aduanero Nelson Roberto Galindo Menéndez, presentó la información para que fuese revisada.
Sin embargo, existían datos que generaban dudas, como el valor “FOB” (valor de compraventa), ya que en las declaración mostraba un valor de 1 mil 830 dólares, no coincidiendo con el valor reflejado en el reporte de título de propiedad, que era de 3 mil 200 dólares.
Ante ello, se le habría solicitado a Roberto Carlos Araya, encargado de un grupo logístico subcontratado por la Delegación de Aduanas AGDOSA Apopa y que tramita la importación de vehículos usados, que descargara desde el sistema informático la factura y el reporte de título propiedad de la declaración de mercadería enviada.
De acuerdo con las investigaciones del caso, los documentos fueron descargados y logró establecerse que el valor de transacción en la factura era de 3 mil 200 dólares.