La Fiscalía General tiene hasta el 25 de diciembre de este año para continuar con las investigaciones relacionadas a la masacre ocurrida en el cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, La Libertad.
El plazo vencía el 25 de septiembre, sin embargo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción B -donde se ventila el proceso- ampliar el período para indagar el hecho en el que la pandilla 18 habría asesinado a 11 trabajadores.
Uno de los abogados defensores señaló que las partes del caso fueron notificadas sobre ello el martes, porque la Fiscalía necesita hacer más análisis en el lugar de la masacre.
Además de hacer inspecciones corporales para determinar si los imputados tienen tatuajes alusivos a la pandilla 18, señalada como responsable del múltiple crimen.
“La verdad es que por haraganes (piden plazo), porque no hacen sus diligencias, se vence el tiempo y no han realizado las diligencias”, criticó Carlos Mejía, un abogad del caso.
La audiencia de imposición de medidas sobre el caso fue realizada el 25 de mayo. La jueza, basada en las pruebas presentadas por Fiscalía, resolvió enviar a detención a los imputados.
A la audiencia fueron llevados seis de los siete acusados. Mientras que dos siguen prófugos.
El mes pasado, Miguel Ángel Deras, de 22 años, quien era señalado como uno de los responsables de la masacre, fue liberado, luego que una investigación del periódico digital El Faro revelara que las autoridades se habían equivocado con su captura, porque realmente buscaban a un pandillero apodado “El Slipy de la Santa María”.
El inicio de la investigación
Luego del 3 de marzo de este año, fecha en que ocurrió la masacre, comenzaron las investigaciones. El Gobierno, en un primero momento culpaba a la pandilla MS del hecho, sin embargo, en abril, cuando Alfredo Valle Landaverde, un presunto pandillero, murió tras enfrentarse con agentes policiales en Los Planes del Renderos, en el teléfono que portaba fue encontrado un vídeo que mostraba a un grupo de sujetos asesinaban a los 11 trabajadores en San Juan Opico.
Este elemento sirvió a las autoridades para trazar nueva línea de investigación. Fue así como la Fiscalía estableció que los supuestos responsables de la masacre fueron miembros de pandilla 18.
Según se establece en el requerimiento fiscal, el crimen sucedió porque los sujetos querían asesinar a pandilleros de la Mara Salvatrucha que operaban en la zona del hecho, pero se encontraron con los 11 trabajadores, a quienes los privaron de libertad y luego los asesinaron con todo lujo de barbarie.
El testigo criteriado del Ministerio Público, clave Islámico, señala un día antes de la masacre los imputados se habrían reunido en un lugar conocido como El Playón, en Quezaltepeque, desde donde partieron armados con pistolas 9 mm., escopetas 12 mm. y fusiles, la madrugada del 3 de marzo.