Luego de un proceso de investigación de la Fiscalía General contra dos forenses del Departamento de Genética del Instituto de Medicina Legal, a mediados de abril, la adquisición de reactivos utilizados para pruebas de ADN fue suspendida, pero esto no fue informado a los Juzgados de Familia de todo el país.
La problemática repercutió en que las audiencias en los tribunales fueran reprogramadas hasta por un mes, ya que no se realizaron a tiempo los procesos de afiliación de la paternidad (demostrar que un hombre es el padre de un niño) y los de imputación de paternidad (alegar que un hombre no es padre) no se realizaron.
La denuncia fue hecha por Jueces de Familia a finales de junio, para entonces la irregularidad llevaba dos meses. Explicaron su preocupación porque las pruebas en sus juzgados solo son admitidas si se realizan en Medicina Legal.
El pasado 8 agosto que la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Doris Luz Rivas Galindo, conversó con El Diario de Hoy, afirmó que la compra de los reactivos se había realizado dos semanas atrás.
Lo cual también fue confirmado por el director interino del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez.
“Estamos completos con los reactivos, tenemos los genetistas que están trabajando, y los juzgadores ya tienen conocimiento de que no tenemos ningún inconveniente y que no hay desabastecimiento de reactivos tampoco”, señaló Martínez.
Los Jueces de Familia afirmaron que las pruebas de ADN ya están llegando a los tribunales y se encuentran sacando la mora judicial acumulada, producto de esta irregularidad.
Sin embargo, para que se estableciera la compra de los reactivos de ADN pasaron, aproximadamente, cuatro meses. Mientras que a finales de junio, cuando El Diario de Hoy le consultó a Martínez sobre el atraso, dijo que la diligencia tardaría, al menos, una semana, porque ya estaban las contrataciones y los requerimientos.
La investigación que dio origen al retraso de las compras de reactivos y también a las audiencias en Juzgados de Familia determinó que los forenses Juan Carlos Monterrosa, y su esposa, Josefina de Monterrosa, habrían realizado irregularidades en las compras valiéndose de su cargo en el Departamento de Genética.
La Fiscalía los acusa de negociaciones ilícitas, puesto que las indagaciones apuntan a que ellos habrían realizado un contrato directo de licitación con la empresa Diprolab S.A. de C.V., propiedad de Sindy García de Portillo, sobrina de la forense.