Al menos dos de los diez aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) entrevistados el lunes pasado por los diputados de la Asamblea Legislativa, revelan que han sostenido vínculos partidarios.
Rosalío Tóchez, extitular de la Corte de Cuentas y quien aspira a que lo elijan de nuevo, es uno de ellos. Él afirmó que perteneció a la “vieja guardia del PDC”, tras entrevistarse con los legisladores de la subcomisión de la Asamblea que analiza la elección de los nuevos funcionarios.
Mientras que René Ayala Mendoza manifiesta en su currículum publicado en el Observatorio Legislativo de Fusades, que fue miembro de la Junta Electoral Departamental de Ahuachapán en 1984 y también de la Junta Electoral Municipal de San Salvador en 1989, pero no especifica por qué partido.
Lo anterior choca con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó a los diputados no elegir funcionarios de segundo grado que tengan nexos partidarios.
Precisamente a raíz de esto es que la Asamblea está obligada por la Sala a nombrar de nuevo a las autoridades de la CCR, ya que la Sala falló invalidando el nombramiento en junio pasado de Johel Humberto Valiente como presidente de la entidad y de los magistrados Raúl López y Marco Grande.
Sin embargo, este último así como Tóchez insisten en que la Asamblea los reconsidere en el nuevo proceso de selección. Tóchez pide que lo elijan como presidente de la CCR de nuevo y Grande como primer magistrado.
Sobre Grande, la Sala de lo Constitucional le dijo a los diputados que no supieron demostrar su competencia para ejercer el cargo.
No es la primera vez que la Sala declara ilegales los nombramientos de titulares de la CCR porque, según ha dictado, la Asamblea no logra demostrar “la honradez y competencia” de los funcionarios.
Por esas mismas razones, en enero de 2013 también invalidó el nombramiento como magistrados de Gregorio Sánchez Trejo, Javier Tránsito Bernal y de Andrés Rovira.