Los fiscales de la Unidad de Anticorrupción tienen ahora que determinar en qué manos acabaron $639 mil del movimiento “Amigos de Mauricio”, el cual impulsó a el expresidente Mauricio Funes a la Presidencia.
Los representantes del Ministerio Público le pidieron ayer a las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil, en la primera audiencia sobre presunto enriquecimiento ilícito contra Funes, que esclarezca este hecho, mediante un peritaje financiero.
En ese sentido, manifestaron que se determine si entre octubre y diciembre de 2009 existen evidencias en el sistema financiero o en el Ministerio de Hacienda que establezcan que Funes habría recibido dichos fondos y si estos habrían sido utilizados para la compra de dos vehículos.
“Amigos de Mauricio” estaba conformado por personas cercanas al expresidente. Uno de ellos era Miguel Menéndez (Mecafé), al cual las autoridades le han allanado inmuebles, producto de indagaciones penales que la Fiscalía realiza contra Funes.
“No existe en el proceso ningún elemento contundente que establezca que efectivamente recibió este dinero… si lo recibió, tenía la obligación de reportarlo ante el Ministerio de Hacienda, y realizar los pagos de los impuestos correspondientes”, indicó ayer, al final de la primera audiencia sobre presunto enriquecimiento ilícito, la fiscal Johana Rivas.
Agregó que la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece que el parámetro para investigar son actos que “revelen falta de probidad en el desempeño del gasto”.
Su respuesta fue en base a los alegatos hechos por el abogado defensor de Funes, Enrique Antonio Araujo Machuca, quien tildó de impertinente el peritaje solicitado por la Fiscalía, porque justificó que en sede administrativa del proceso civil “su representado ha asegurado que esos fondos no los depositó al sistema financiero”.
De igual forma, Araujo Machuca rechazó a los demás indagaciones sobre las que Fiscalía solicitó auxilio judicial de la Cámara, las cuales están basadas en las irregularidades que arrojó el informe patrimonial realizado por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la declaración que rindió Funes.
Una de las pruebas que aportó ante los señalamientos de su cliente, fue un inventario contable de los fondos que Funes recibió del movimiento “Amigos de Mauricio” para financiar la campaña presidencial. También dijo a la Cámara que convoque al exgobernante para la próxima audiencia, a fin que declare sobre “los parámetros” utilizados cuando declaró ante Probidad y los impedimentos que tuvo al hacerlo.
Sin embargo, al salir de la audiencia, el abogado dijo que habían medios técnicos para realizar esa declaratoria.
Mientras que otras peticiones del Ministerio Público es que se determine si los pagos que realizó la sociedad Multimedia S.A. de C.V. a Funes fueron efectuados por dinero prestado a dicha empresa por una organización financiera internacional.
Además, si existen evidencias que en la sociedad, el exgobernante concluyó algún proyecto relacionado con el área audiovisual, entre los años 2012 y 2014.
Fiscalía, basada en auditorías externas de Multimedia, establece que no “existe ningún proyecto operativo” en el que Funes realizó trabajos, por lo que cuestionan la cantidad que el ahora demandado adquirió, también el origen de los fondos.
“Se investigó que en Multimedia, en las declaraciones que él envía a la administración tributaria, no tiene la suficientes capacidad para poder erogar esos fondos en servicios, pero ellos (demandados) aseguran que ha sido por parte de préstamos de Hencorp que pudieron pagarle”, dijo Fabio Figueroa, otro de los fiscales de Anticorrupción.
En el informe de Probidad se ha plasmado que Funes recibió $121 mil 500 de la sociedad Multimedia, cuando según Hacienda, la empresa no tenía ese nivel de ingresos.
Tal información fue confirmada ayer por los fiscales, quienes sostuvieron que al igual que la empresa menciona, Inversiones Capirucho S.A. de C.V. y Trípode Audivisual, de la cual Funes ha manifestado que recibió dinero, no tenían capacidad para que le emitieran pagos.
La Fiscalía, asimismo, pretende establecer si la sociedad Agrosuministros S.A. de C.V. generaba recursos para haberle dado un crédito por 250 mil dólares al expresidente, entre 2013 y 2015, comparando los ingresos de la empresa con los desembolsos a favor del Funes.
También le interesa establecer el origen del dinero con el cual el expresidente y su hijo adquirieron los ocho vehículos que la Corte Suprema prohibió pasarlos a terceros.
Para el caso de Diego Roberto, los fiscales pidieron a la Cámara que se indague las ganancias de vehículos que adquirió y vendió por un monto de $118 mil 600, cuando las investigaciones de Probidad especifican que no tenía formas de ingreso de dinero.
Otra petición de ayer fue que se comprueben si en el sistema financiero hay pruebas de las ventas de los vehículos.
Los fiscales Anticorrupción mencionaron que Funes manifestó que fue su exesposa, Regina Cañas quien dio dinero para la adquisición de los carros, pero ella solo ha dicho que obtuvo un préstamo, sin especificar de dónde salió el dinero.
Funes y Pignato habrían pagado 220 mil en deudas
Los salarios obtenidos por Funes y Pignato, los abonos y cantidades relacionadas con deudas, la compra de vehículos, los gastos de vida, los pagos de colegiaturas, los viajes, compras de armas y otros elementos en los que se habría invertido dinero entre los años 2009 y 2014 están en la mira de la Fiscalía.
Ayer los fiscales del caso plantearon a la Cámara que necesitan conocer la procedencia de los fondos con los que el expresidente y la exprimera Dama pagaron deudas que suman $220 mil 124: $194 mil 924 por pago de créditos de ambos y $26, 200 utilizados por Funes para una deuda desde 2009 a la sociedad JFC Servicios Jurídicos S.A de C.V.
La audiencia preparatoria del caso terminó ayer, luego de dos días en los que Fiscalía ofertó 282 pruebas para sostener la demanda. La Cámara convocó para el 20 de septiembre a las partes, para notificar cuáles de los elementos probatorios admiten.