La Cámara Primera de lo Penal resolvió ayer ordenar la libertad inmediata del ex Fiscal General, Luis Martínez, luego de declarar nula la resolución del Juzgado Primero de Paz de San Salvador que ordenó la detención del exfuncionario por el delito de divulgación de material reservado.
Martínez mantuvo prisión desde 31 de agosto en la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando el Juzgado ordenó su captura por el mencionado delito, en perjuicio del padre Antonio Rodríguez, de quien utilizó escuchas telefónicas para sustentar una acusación en su contra.
La Cámara advierte en su resolución que debe ser el Juzgado Primero de Paz el que deberá ordenar la liberación de Martínez luego de haberse declarado nulo el proceso inicial en su contra, el cual fue declarado con reserva por la Jueza Primero de Paz.
Asimismo, advierte que el fallo inicial del Juzgado en mención carecía de “fundamentación”.
La Cámara agrega que Martínez queda sujeto a medidas sustitutivas al arresto, como el pago de una fianza, acudir al juzgado a firmar cada mes y no salir del país.
En consecuencia, el Juzgado deberá reprogramar otra audiencia, con el fin de que comparezca a una nueva audiencia inicial.
El delito que se le imputa a Martínez está contemplado en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Martínez también obtuvo medidas alternativas al arresto el pasado 29 de agosto, por el caso Rais-Martínez, pero no gozó de dicho beneficio por la acusación en su contra relacionada con las escuchas telefónicas hechas al padre Rodríguez. En esa ocasión pagó $5 mil en concepto de fianza, pero no quedó libre.
El exfuncionario fue capturado junto a otros abogados y a Enrique Rais por el delito de fraude procesal.
Por otra parte, las escuchas de que se le acusa a Martínez contribuyeron a demostrar la colaboración del sacerdote pasionista en el ingreso de ilícitos dentro de algunos centros penales para favorecer a pandilleros de la 18.
Sin embargo, hay algunos audios que reflejan llamadas de carácter íntimo del religioso, algo por lo que el sacerdote demandó al exfuncionario ante la Fiscalía.
Por la colaboración para introducir ilícitos a los centros penales, Rodríguez fue condenado en septiembre de 2014 a 30 meses de prisión, pero se le decretó libertad condicional en vista de que la pena por dicho delito es de tres años de cárcel.
Durante el proceso, el exjefe del Ministerio Público ha señalado en su defensa que fue blanco de persecución política por los casos que reveló cuando era Fiscal General de la República.
La decisión de la Cámara ha generado reacciones en la exdefensora del padre Rodríguez, Bertha de León, quien consideró que la resolución del mencionado tribunal es cuestionable.
“Llama mucho la atención esta decisión. Realmente creo que revela que realmente estamos ante un reto del sistema de justicia en este que es el primer caso de corrupción de altos funcionarios, según la misma Fiscalía General de la República”, acotó.
Según dijo, ya no funge como defensora del religioso, pero dejó en suspenso las acciones que la nueva defensa del sacerdote pueda tomar en torno al caso.
“Habrá que ver qué medidas van a tomar los apoderados de Antonio Rodríguez ante esta decisión que me parece bastante cuestionable”, acotó.
En tanto, Rodríguez consideró que ante el fallo de la Cámara se está demostrando que la justicia en el país solo golpea “a los de abajo”.
“Es un fracaso (la resolución) y vuelve a constatar la situación tan delicada en la que se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema muy peligrosa para la institucionalidad democrática en la cual vive el país”, sostuvo Rodríguez, conocido también como el padre “Toño”.