Mauricio Funes, quien está en Nicaragua luego que ese país le concediera un cuestionado asilo político la semana pasada, enfrentará el próximo lunes la audiencia preparatoria en la Cámara Segunda de lo Civil, que lo procesa por presunto enriquecimiento ilícito.
Por el mismo delito también fue encausada la exprimera Dama, Vanda Pignato, y Diego Roberto Funes, un hijo del exgobernante. La Cámara inició el juicio contra los tres después que no se justificara el origen lícito de ingresos por 728 mil dólares.
El proceso contra Funes comenzó el 9 de febrero de este año cuando, por 9 votos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrirle un juicio y congelarle bienes.
La decisión se abrió paso después de una semana de enfrentar debates y objeciones de algunos magistrados, con la evidente intención de dilatar la decisión, según se informó en su momento.
Al final, votaron en favor de iniciarlo los magistrados José Oscar Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez Padilla, José Belarmino Jaime, Edward Sidney Blanco Reyes, Rodolfo Ernesto González Bonilla, María Luz Regalado, José Roberto Argueta Manzano, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz y Sergio Luis Rivera Márquez.
Los magistrados Ovidio Bonilla Flores, Óscar Alberto López Jerez, Doris Luz Rivas Galindo, Leonardo Ramírez Murcia, Elsy Dueñas de Avilés y Paula Patricia Velásquez votaron en contra de enjuiciar a Funes o se abstuvieron.
El máximo tribunal ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias y le restringió la transferencia a terceros, de ocho vehículos de su propiedad y su hijo, Diego Roberto, de manera preventiva, mientras se realiza el proceso civil.
“Declárase que existen indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, en relación con las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, estableció la resolución de la Corte.
En el documento también se solicitó informar a la Fiscalía General de la posible comisión de un hecho delictivo “específicamente el de enriquecimiento ilícito... o cualquier otro previsto en las leyes especiales, como la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley
Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de origen o destinación ilícita”.
Fondos sin justificación
Probidad informó que Funes gastaba más dinero del que recibía como ingresos, y al terminar su período en la Presidencia, el 31 de mayo de 2014, había un saldo bancario en sus cuentas de $150 mil 323.21, cuando de acuerdo con el informe “no podría tener la capacidad de ahorrar durante su período de gestión”.
Las investigaciones de esa sección indican que Funes recibió $121 mil 500 de la sociedad Multimedia S.A. de C.V., la cual, según información de Hacienda, no tenía ese nivel de ingresos.
Además, según Probidad, no supo justificar de dónde salió el dinero con el que adquirió dos vehículos por monto de $80 mil. Tampoco los ingresos que tuvo su hijo -Diego Roberto -también asilado en Nicaragua- para comprar y vender vehículos con un monto total de $118 mil 600.
Los señalamiento de Probidad no terminaron ahí. La investigación arrojó que Funes canceló créditos “declarados y no declarados” por $289 mil 857 en su administración. De esta cantidad, $94 mil 933, se determinó, podrían estar relacionada con los retiros bancarios, por lo que se desconoce el origen de $194 mil 924.
Fiscalía confirmó investigación penal contra Funes
El 29 de marzo, la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General presentó la demanda formal por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe fiscal Andrés Amaya confirmó que el Ministerio Público había abierto una investigación penal en contra de Funes. La Fiscalía informó más recientemente que investiga a Funes por cuatro delitos penales: peculado (apropiación de fondos públicos), malversación de fondos, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Los fiscales del caso llegaron ante la Cámara con 54 expedientes contenidos en 21 cajas, donde hay información emitida por distintas instituciones, para poder determinar si Funes habría incrementado su patrimonio a costas de fondos del Estado.
“No hay una justificación que nos lleve a establecer que ese incremento de 728 mil dólares sea producto lícito, sino que hasta este momento tenemos los indicios suficientes como para poder determinar que este incremento es no justificado”, sostuvo Amaya.
La Fiscalía solicitó a la Cámara, basada en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que el expresidente no pueda ejercer durante 10 años cargos públicos y que sus bienes pasen a manos del Estado de comprobarse los cargos.
Lote de armas podría incrementar monto investigado
El monto analizado hasta la fecha, según manifestó Amaya, podría incrementar luego que se ha determinado el valor de las armas de fuego registradas por Funes, puesto que en las declaración patrimonial que rindió ante Probidad, no incorporó dicho registro, y habían sido adquiridas en su gestión como Presidente.
El mes pasado, tras los allanamientos hechos en inmuebles ligados a Funes y a su estrecho amigo Miguel Menéndez (Mecafé), las autoridades encontraron en una residencia, 59 armas, algunas se las habrían “obsequiado” la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Recientemente el Ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo que todas las armas estaban legalizadas. Aseguró también que cuatro de ellas habían sido regalos de la Fuerza Armada, pero que ya no eran de uso de la institución.
Por su parte, la Cámara le ordenó a Funes en junio que presentara las certificaciones de 14 notas de pagos que hizo, a título personal, a un préstamo en Citibank.
El tribunal superior también señaló que la defensa de Funes no había realizado dichas diligencias y tampoco había especificado por qué no fueron presentadas cuando respondió a la demanda de la Fiscalía en su contra.
La Cámara reclamó porque el exfuncionario envió copias simples de 11 recibos de pagos de ese préstamo, pretendiendo que fueran en el proceso, pero algunas de esas copias no eran legibles.
La Cámara Segunda de lo Civil también procesa al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, y su esposa, Denise Karina, también por presunto enriquecimiento ilícito durante la administración de Funes.
A la audiencia del lunes próximo no es necesario que Funes Cartagena, su hijo y Pignato estén presentes,sino que pueden ser representados por sus abogados.
Funes y su hijo procesado en este caso recibieron el asilo político en Nicaragua, país al que se marcharon en momentos en que la Fiscalía inició una serie de allanamientos e incautación de bienes en casas del exgobernante.
El exgobernante dijo el miércoles a la televisión nicaragüense que enfrenta “un proceso judicial revestido porque en el fondo es un proceso de persecución política”.
Funes se ha convertido en el primer expresidente en ser enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito en más de medio siglo, desde cuando se emitió la ley que sanciona ese delito, que data de 1959.