La justicia de El Salvador tiene abierto el camino para dirigirse a la Organización de Estados Americanos (OEA) y las autoridades de Nicaragua y pedir que se revise la concesión de asilo político al expresidente Mauricio Funes, según el director asociado para América Latina del Centro Woodrow Wilson en Washington, Eric Olson.
Funes es procesado por un tribunal civil superior por presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía lo investiga penalmente por otros cuatro delitos comunes.
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Pero la Convención Interamericana sobre Asilo Político, codificada por la OEA como A-37, en su artículo I es clara al señalar que “no es lícito a los Estados dar asilo (...) los inculpados por delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra o mar. Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el gobierno local”.
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Olson ve factible revisar si el caso de Funes se apega a lo estipulado: “Sí, es posible ( abrir el caso en la OEA) pero dependería tanto de la actuación del expresidente Funes como del Fiscal General de El Salvador, porque alguien tendría que traer el caso para pedir la intervención de esta instancia, aunque dudo un poco que pase en este primer momento”.
La Convención es de 1933 y fue ratificada tanto por El Salvador, tres años después de aprobado el acuerdo adoptado en Montevideo, Uruguay, así como por Nicaragua en 1952.
El representante alterno de Nicaragua ante la OEA, Luis Exequiel Alvarado Ramírez, dijo que desconocía pormenores del asilo político a Funes, pero al mostrarle el texto de la Convención razonó que había que hacer más lecturas. “Yo podría decirle que a esto hay que hacerle valoraciones políticas”, comentó.
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Alvarado agregó que la misma OEA, a través de sus representaciones, tiene los canales para traer los temas al pleno, siempre y cuando algún Estado lo solicite en coordinación con su cancillería.
Además explicó que en este caso sería a El Salvador quien le tocaría opinar, puesto que es el Estado salvadoreño a través de la Cancillería quien puede pedir la intervención del organismo en Washington para definir la situación, si hubiere un conflicto.
Todos los órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) del Estado de El Salvador tienen facultad para canalizar una petición a la organización hemisférica para tratar un tema específico. “Pero todo se hace por la cancillería que es el interlocutor directo con el ejecutivo en la OEA”, explicó.
Se trató de tener una valoración de las altas instancias de la OEA sobre la interpretación y espíritu de la Convención, pero uno de los oficiales de prensa que pidió no ser identificado dijo que la institución no podía proveer información al respecto. “No nos corresponde como institución interpretar como interpretan los países un tratado”, dijo en respuesta a la solicitud hecha a la Secretaría General.