El 28 de noviembre pasado, usando entrevista televisiva, el Presidente Funes lanzó su campaña mordaz de acusaciones contra el ex Presidente Flores, mostrando a las cámaras un documento que supuestamente reportaba la existencia de transacciones bancarias que suman US$10 millones, atribuyendo la autoría del reporte al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según el Presidente Funes, este reporte calificado de confidencial por la Fiscalía y las autoridades norteamericanas, demuestra que entre octubre de 2003 y marzo de 2004 el ex mandatario recibió del Gobierno de Taiwán ese dinero en concepto de donación y dice no encontrar registros de su utilización.
Y el "reporte de operaciones sospechosas" se hizo famoso en los noticieros. Y como eje de campaña electoral del Presidente Funes, los diputados del bloque del FMLN prestos conformaron una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa, a fin de hacer circo y tomar declaraciones. Vimos declarar no sólo al ex Presidente Flores, sino a ex funcionarios de la administración 1999-2004. Y también a funcionarios del actual gobierno, vinculados al FMLN, como al presidente de la Corte de Cuentas.
Todos los entrevistados coincidieron bajo juramento desconocer esta operación de US$10 millones procedentes de Taiwán, nunca vieron cheques, efectivo, y el "reporte de operaciones sospechosas". Su conocimiento del tema resulta de la campaña mediática del Presidente Funes en sus medios afines y su programa radial sabatino, la franquicia de "Aló Presidente".
La Comisión, conformada sin base legal, escuchó del ex Presidente todo lo que morbosamente querían escuchar extrajudicialmente. Y fue enfático, al afirmar que no se lo apropió.
Junto a esta campaña mediática de los US$10 millones de Taiwán, subió a la palestra la donación privada recibida por el Presidente Funes, al ser condonada una deuda de US$3 millones, adquirida cuando fue candidato presidencial. Deuda confesa con frase célebre: "problema mío es cómo se los voy a pagar y problema de él es cómo me los va a cobrar".
Sin embargo, luego de estas confesiones de donaciones a presidentes en funciones, el problema se tornará de mediático a casos fiscales, si es posible tipificar un delito y si hay pruebas materiales. Sólo así los casos serían judicializables.
Que se puede esperar si en el caso de los US$3 millones llevó al Presidente a su habitual iracundia sabatina, desbordando su inteligencia emocional al calificar veladamente de "perro" a un antiguo amigo suyo, espetando: "muerde la mano que le da de comer". Una intolerancia total.
¡Qué bondad de este ejercicio democrático! Las campañas electorales fortalecen la democracia y el sistema judicial. Todos somos iguales ante la ley.
La presunción de inocencia se impone como principio de justicia. Hasta no ser oído y vencido en juicio conforme a las leyes y juez competente, no se culpabiliza a nadie. Pero el juicio, si hay delito y pruebas, debe llevarse a cabo.
El fiscal, sin duda estudia estos casos e investiga. Para ver si son judicializables.
La izquierda, la derecha, el centro, todo el espectro político exige que si hay delito el fiscal debe llevar a los tribunales al sospechoso. Darle oportunidad de ser oído y vencido en juicio.
No basta el juicio político o mediático como lo hace este Gobierno del FMLN. Ejemplos sobrados hubo en los gobiernos de ARENA, cuando se metió a la cárcel a quienes, luego de juicio justo y bajo la ley, se demostró eran culpables. Emblemático fue el caso ANDA.
Las gremiales empresariales, la sociedad civil, las ONG?s, la gente común, todos, hoy lo exigen.
Eliminemos la proscripción para altos funcionarios públicos corruptos y elevemos las penas.
Esta exigencia popular será asumida por el próximo Gobierno de Norman Quijano. Caiga quien caiga.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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