El 4 de septiembre de 2014, frente a un juez especializado contra crimen organizado, el sacerdote español Antonio Rodríguez López Tercero, aceptó que había introducido dos teléfonos celulares a pandilleros encarcelados.
Esa aceptación bastó para que fuera la misma Fiscalía General de la República (FGR) quien pidiera una pena mínima para López Tercero: dos años y medio de prisión.
En ese mismo acto, la Fiscalía fue más allá en su benevolencia hacia el religioso español: pidió que se le cambiara la pena de prisión, la cual de por sí era excarcelable por ser menor a tres años, a cambio de que el cura cumpliera algunas reglas de conducta, tales como no visitar los centros penales y no comunicarse de ninguna forma con miembros de pandillas.
El juez a cargo de la causa accedió a lo que la Fiscalía le solicitó. Y él fue más allá: resolvió que el sacerdote español podría pasar los dos años y medio bien en El Salvador o en España. Únicamente tenía que notificar dónde iba a cumplir la pena.
Así se juzgó y penalizó dos delitos que la Fiscalía imputó al clérigo: introducción de objetos prohibidos a centros penitenciarios y el de tráfico de influencias.
El padre Toño admitió haber introducido un teléfono a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias Viejo Lyn, cabecilla de la mara 18 en el centro penal de Cojutepeque, y otro a Carlos Rivas Barahona, alias Chino tres colas, cabecilla también de esa mara, recluido en el penal de Izalco.
Pero las grabaciones de llamadas telefónicas entre el padre Toño y cabecillas de la Pandilla 18 evidenciaban que había introducido más que dos teléfonos.
¿Cómo llegó el padre Toño a El Salvador? Arribó a El Salvador en el año 2000, con la Congregación de Clérigos Descalzos de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
Luego fue asignado a la parroquia San Francisco de Asís en el municipio de Mejicanos donde también era director del Servicio Social Pasionista, que funciona también en la misma colonia donde está la iglesia, en ese lugar.
El padre Toño cobró relevancia en los medios de comunicación luego de que el 7 de septiembre de 2010, leyera un comunicado firmado por las maras, lo cual le valió para que comenzaran a llamarlo “vocero de las pandillas”, etiqueta que rechazó.
Luego, el gobierno de Mauricio Funes lo destituyó como director de la Comisión nacional de búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado.
Funes se desvinculó del padre Toño quien sugería un diálogo con las maras como una forma de menguar los altos índices de homicidios.
Para cuando el sacerdote español leyó aquel comunicado, 45 días atrás, miembros de la P-18 habían cometido la masacre de 17 personas a quienes habían asesinado incendiando el microbús en que viajaban y disparando a los pasajeros que intentaran escapar de las llamas.
Esa masacre fue cometida el 20 de junio en la colonia Jardín de Mejicanos, a pocas cuadras de donde el padre Toño tenía su oficina como sacerdote y como director del Servicio Social Pasionista.
Dos años después, el padre Toño se convirtió en un acérrimo crítico de la “tregua”, una política impulsada a principios del 2012 por el mismo gobierno de Funes quien no toleró, en septiembre de 2010, que el cura leyera el comunicado de las maras previo a un paro de transporte público. El cura no dejaba pasar oportunidad para criticar la tregua.