Ocho de los nueve acusados de fabricar pruebas para procesar judicialmente a la señora Claudia María Herrera Díaz, esposa de un exsocio del empresario Enrique Rais, podrán recuperar hoy su libertad, siempre y cuando rindan la fianza que les impuso ayer la Jueza Séptima de Paz, Evelyn Jiménez, tras finalizar la maratónica audiencia inicial.
Solo el exfiscal general Luis Martínez, aunque pague los 5,000 dólares que le impusieron, no saldrá, porque hoy la Fiscalía presentará otra acusación en su contra por supuestamente divulgar información reservada (escuchas telefónicas).
Los nueve acusados tendrán que cumplir con una serie de restricciones como que no pueden cambiar de domicilio mientras se depura el proceso judicial; tampoco pueden salir del país sin una autorización judicial y deberán presentarse a firmar al Juzgado Séptimo de Instrucción, a donde será enviado la causa judicial.
“Considera la suscrita jueza que es necesario aplicar a todos los imputados medidas cautelares (restricciones) diferentes a la detención provisional para efectos de asegurar los fines del proceso penal”, dijo la jueza Evelyn Jiménez, al dar a conocer su decisión, tras culminar la primera audiencia.
La jueza Jiménez argumentó en su resolución que tomando en cuenta las investigaciones de la Fiscalía “se puede deducir la probable comisión de los delitos” por los que son acusados los nueve acusados presentes. Hay dos imputados prófugos.
Sin embargo, a juicio de la jueza Jiménez, el estado de las diligencias de investigación presentadas hasta el momento de realizarse la audiencia inicial “a criterio de la suscrita jueza no permite establecer todos los elementos objetivos que señala el artículo 329 del Código Procesal Penal para decretar la medida más gravosa que es la detención provisional en contra de los imputados, ello en respeto a la presunción de inocencia que obra a favor de los mismos”.
Ademas, según la jueza, los imputados presentaron los documentos necesarios para poder justificar los arraigos laborales y domiciliarios.
También la juzgadora argumentó su decisión de otorgarles la libertad condicional en que varios de los acusados que adolecen de algún estado de salud delicado, incluso uno de ellos se encuentra hospitalizado.
El referido juzgado entregará la copia completa de la resolución el próximo viernes y desde esa fecha comienza a correr el plazo para que tanto fiscales como defensores puedan interponer los recursos que crean necesario en contra de la decisión judicial.
Enseguida, el Juzgado de Paz enviará el proceso al Séptimo de Instrucción, a cargo del juez Miguel Ángel Argüello García, quien emitió polémicas resoluciones en los casos del fallecido expresidente Francisco Flores y del caso CEL-Enel.
Sino no pagan fianzas, no recuperan su libertad
Además de las restricciones impuestas a los nueve acusados, la jueza Jiménez ordenó que cada uno de ellos tendrá que rendir fianzas económicas para recuperar su libertad.
En ese sentido, la juzgadora impuso fianzas desde 1,500 hasta 20,000 dólares, de acuerdo con la capacidad económica de cada uno de los imputados.
La mayor fianza le fue impuesta al empresario Enrique Rais, quien tendrá que depositar 20,000 dólares en la División de Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda. Así también, Hugo Blanco Rais, sobrino de Rais; y Wilfredo Ernesto Gutiérrez, su abogado, pagarán 10,000 dólares cada uno.
Con respecto al exfiscal general Luis Martínez y su subalterno Julio Arriaza, se les impuso una fianza de 5,000 dólares; al igual que al resto de abogados acusados.
A Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón le impusieron 1,500 dólares, es decir, la menor cantidad.
Antes de que finalizara la lectura de la resolución, uno de los abogados acusados, Luis Peña pidió a la jueza que les ordenara su libertad de inmediato con el propósito de que a tempranas horas de hoy comenzarán a realizar gestiones en las agencias bancarias para que en horas del mediodía fueran a cancelar las fianzas al Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, uno de los fiscales se opuso a tal petición porque consideró que al menos los abogados detenidos pueden otorgar poderes a sus familiares para que fueran a realizar los trámites necesarios para depositar el dinero de las fianzas.
“No recobrar la libertad mientras no esté garantizada esa caución económica”, dijo el fiscal.
Uno de los defensores pidió que se reconsiderara las cantidades de las fianzas porque sostuvo que algunos de los procesados no tienen la capacidad económica para pagarla.
En otro intento por recuperar la libertad de inmediato, Ernesto Gutiérrez, otro de los acusados, le pidió a la juzgadora que si les permitía depositar el dinero de las fianzas bajo custodia del tribunal debido a que por ser domingo, tendrán que esperar hasta este día para hacerlas efectivas.
En ese sentido, la jueza reiteró que “una vez se pague la coacción económica en el Ministerio de Hacienda, entonces se van a librar las órdenes de libertad”.
Por la tarde, los acusados fueron llevados de nuevo a las bartolinas de la División Antinarcóticos en espera de que puedan cancelar las fianzas.