La audiencia en caso Rais - Martínez se reanudará hoy por la tarde después de una jornada de más de 16 horas. Esta fue suspendida a las 3 de la madrugada del domingo.
Este día se conocerá la resolución, en donde se definirá si el empresario Enrique Rais, el exfiscal Luis Martínez y resto el resto de acusados continuarán el proceso bajo custodia o con medidas sustitutivas.
3:20am. Concluye Audiencia Inicial en #CasoRaisMartinez. Jueza 7° de Paz cita para hoy, 11:00am para leer resolución pic.twitter.com/HoqsUJn0Pu
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 28, 2016
Durante la audiencia, la defensa entregó distintas pruebas de arraigo, que garantizarían que los acusados no huirían del país.
Mientras que la Fiscalía exponía lo riesgoso de darles medidas sustitutivas, ya que todos poseen la capacidad financiera para viajar al extranjero.
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De nueve imputados presentes en la audiencia inicial, seis son abogados, pero de estos, era Martínez el que parecía estar más atento a lo que sus antiguos subordinados narraban a la jueza Évelyn Jiménez, sobre cómo los 11 procesados en el caso, presuntamente, conspiraron para meter presa a Claudia María Herrera Díaz, una mujer que lleva 11 meses hospitalizada, bajo custodia policial, por sufrir una enfermedad crónica.
Fiscales y defensores en #casoRaisMartinez esperan lectura resolución. Aún no llevan a imputados a la sala de audiencias.
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 28 de agosto de 2016
Durante los alegatos, la tensión en la sala de audiencias era fuerte, como el cansancio entre los protagonistas. Y hacia la medianoche del sábado el exjefe fiscal, Julio Arriaza, apenas se preparaba para defenderse de lo que le acusan: fraude procesal.
Cada vez que un abogado del equipo de fiscales mencionaba el nombre del exfiscal o el de otros fiscales que supuestamente participaron en la trama, Martínez solo atinaba a mover la cabeza de un lado a otro, en señal de desaprobación de lo que escuchaba.
De acuerdo con la narración fiscal, Martínez fue quien ordenó pinchar (con autorización judicial) el teléfono de Ulises Hernández, uno de los vinculados con el exdiputado suplente Wílver Rivera, quien hace un mes fue condenado a 15 años de prisión por lavar unos $20 millones provenientes del narcotráfico.
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Martínez sospechaba que querían atentar contra él y por eso ordenó la intervención telefónica.
En ese afán, detectaron que Hernández mantenía constante comunicación con el entonces (hoy destituido) juez noveno de paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei, por lo cual pidieron autorización judicial para intervenir teléfonos del juez.
Pocas semanas después el Centro de Intervención de Telecomunicaciones detectó que Giammattei mantenía constante comunicación con Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, abogado del empresario Enrique Rais.
Pocos días después, el jefe del centro de intervención, Sigfredo Alcides Campos Crespo, informó al jefe fiscal que habían detectado conversaciones que estaban interviniendo a Giammattei donde se mencionaba a un fiscal.
Pero, según la parte acusadora, el exfiscal pareció no darle importancia a lo que le decía Campos Crespo y le respondió escuetamente: ya verificaremos esa cuestión. Por el contrario, le ordenó que de toda esa información no se informara nada a ningún fiscal.
De acuerdo con lo relatado ayer por la Fiscalía, las escuchas telefónicas que Martínez ordenó sirvieron para enterarse del complot entre el empresario Rais, varios abogados de su equipo legal, el juez Giammattei y un psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal (IML) para encarcelar a Herrera Díaz.
Una de las piezas importantes en esa red fue Néstor Francisco Recinos Chicas, el psicólogo forense quien era el encargado —según la FGR— de falsificar peritajes psicológicos hacia las supuestas víctimas de Herrera Díaz y su esposo, Mario Ricardo Calderón Castillo, quien por varios años trabajó con Rais en puestos de confianza pero que, al ser despedido, se pasó a trabajar con dos ciudadanos canadienses con quienes Rais tenía una larga disputa legal empresarial.
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Al psicólogo forense le pagaban 5 mil dólares por hacer informes sobre peritajes falsos. Según la Fiscalía, es aquí donde el abogado Luis Peña intervino aconsejando que el peritaje debía decir que Enrique Rais y su sobrino, Hugo Blanco Rais, tenían una afectación psicológica grave o aguda producto de haber sido amenazados por Herrera Díaz.
De todo eso, Julio Arriaza, quien entonces era jefe de la Unidad de Intereses de la Sociedad, tenía conocimiento. El mismo nivel de conocimiento que tenía entonces su jefe, el fiscal general.
Pero a pesar de que ambos sabían que, a través de los informes del Centro de Intervención de Telecomunicaciones que Rais, sus abogados, y los jueces Giammattei y su suplente, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, fabricaban pruebas contra Herrera Díaz, no investigaron tal hecho.
De acuerdo con la Fiscalía, ni el fiscal general ni el entonces jefe de la Unidad de Intereses de la Sociedad investigaron el caso porque eran parte de la misma red.
De hecho, en la exposición ante la jueza Jiménez, el equipo del fiscal aseguró que en las conversaciones telefónicas los abogados de Rais se referían a Julio Arriaza como Julio o Julito, en tanto que para referirse al ex fiscal general, lo hacía como el Uno, el Mero Mero o como el Amigo Luis.
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Dudas de la Fiscalía en la audiencia
Ayer, gran parte de la audiencia transcurrió en la discusión entre Fiscalía y los defensores, luego de que la jueza Jiménez dijera, al inicio de la jornada, que permitiría escuchar los audios. La defensa presentó una oposición tan férrea que obligó a la jueza a retirarse de la sala de audiencias para analizar los argumentos de ambas partes.
De regreso, la jueza había cambiado su propia resolución: no permitiría las escuchas de los audios.
Lo anterior motivó a la Fiscalía a decirle que no tenía seguridad jurídica, pues la jueza había cambiado en tres ocasiones su decisión sobre los audios.
La defensa había ganado ese punto a la Fiscalía, pero ésta había logrado que la jueza permitiera que Claudia María Herrera Díaz fuera tomada como víctima de las actuaciones, supuestamente delictivas, de los 11 acusados (dos de ellos ausentes) y, por consiguiente, que la abogada Bertha María Deleón fuese admitida como querellante en representación de Herrera Díaz.