Por segunda vez, magistrados de la Sala de lo Constitucional volvieron ayer a ser víctimas de hostilidades de grupos de choque supuestamente vinculados al oficialismo que los bloquearon en la ciudad de Ahuachapán.
Una fuente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relató que militantes del FMLN obstruyeron el paso a los magistrados Sidney Blanco y Florentín Meléndez, quienes fueron invitados por la Asociación de Abogados de Ahuachapán para dar una conferencia explicativa sobre las sentencias recientes, en el Centro Cultural de esa ciudad a abogados, estudiantes de Derecho y otros ciudadanos.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) lanzó ayer un comunicado en el que pide el “cese de hostigamiento” a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Señala que las acusaciones hechas desde algunos sectores del FMLN y medios afines son sin fundamento, como sucede con sectores de la derecha en relación a la declaración de inconstitucional de la Ley de Amnistía de 1993.
“La Funde hace un llamado a la cordura, especialmente a los dirigentes políticos, para que contribuyan a apaciguar los ánimos de sus militantes, no se siga estimulando inadecuadamente las pasiones de éstos, y cesen los hostigamientos contra la Sala de lo Constitucional”, se lee en el comunicado.
La Fundación indica que desde hace una semana se exponen carteles ofensivos ante la presencia de los magistrado.
Para ello se remiten al caso ocurrido en Chalatenango, el fin de semana antepasado, cuando el magistrado Florentín Meléndez, había llegado a Chalatenango a una actividad para la difusión de la Constitución y esto fue impedido por algunos miembros del FMLN.
“Tal acción de bloqueo contó con el apoyo y aplauso de altas esferas del Frente. De haber continuado el magistrado Meléndez su labor, se hubieran podido dar lamentables acciones de violencia”, afirma Funde.
A principios de la semana y ante de las denuncias de hostigamiento al magistrado Meléndez y de los riesgos de un atentado, el Secretario de Comunicaciones del Gobierno, Eugenio Chicas, dijo que los magistrados “no son dioses, son ciudadanos de carne y hueso, al igual que nosotros”.
El funcionario alegó que en el país existe “libertad de expresión” y que esos grupos “tienen derecho a disentir” de las sentencias de la Sala de lo Constitucional.