La Sala de lo Constitucional emplazó a la Asamblea Legislativa que le explique cuáles fueron los criterios para haber nombrado al asesor de la fracción legislativa del FMLN, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, en el cargo de magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Iglesias Herrera fue nombrado como magistrado suplente de la CSJ durante la administración de Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa, para el período del 1 de julio de 2012 al 30 de junio del 2021.
No obstante, a la par de ese cargo como juez suplente de la CSJ, el abogado Iglesias desempeña otro cargo como asesor de la bancada efemelenista en el Congreso, por el cual devenga un salario mensual de $3,000, de acuerdo con lo publicado por el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa.
Precisamente por este doble cargo y, sobre todo, porque es empleado del partido político FMLN, es que el funcionario enfrenta una demanda en la Sala de lo Constitucional, promovida por el ciudadano Salvador Enrique Anaya Barraza.
El Tribunal Constitucional ha sentado precedentes para que los órganos que administren justicia, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas o la misma CSJ, no sean integrados por militantes o personas vinculadas a partidos políticos porque esto pone en riesgo su independencia e imparcialidad.
La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa que exponga los criterios que tomó para nombrar a Iglesias Herrera en el cargo de magistrado suplente de la CSJ y que demuestre que este no tiene afiliación partidaria con el FMLN, dado su vínculo como asesor de la fracción efemelenista.
“Se ordena a la Asamblea Legislativa certificar y remitir a este tribunal toda la documentación pertinente con la que compruebe cómo se acreditó la ausencia de vinculación material del abogado Ricardo Alberto Iglesias Herrera respecto del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en la elección de éste como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia para el período 2012-2021”, reza la resolución de la Sala.
Pero la respuesta del Órgano Legislativo tiene un plazo de tiempo que debe ser cumplido. “...Rinda informe la Asamblea Legislativa en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, en el cual justifique la constitucionalidad del Decreto Legislativo objetado, para lo cual deberá tomar en consideración los argumentos explicitados por el demandante y las acotaciones plasmadas en esta resolución”, le dice la Sala a la Asamblea que se dio por notificada el miércoles.
El demandante ha pedido la inconstitucionalidad del decreto legislativo que emitió la Asamblea Legislativa para nombrar a Iglesias por considerar que existe incompatibilidad en que él ostente el cargo de magistrado suplente, cuando a la vez está atado a las directrices de un partido político, en este caso al FMLN.
Anaya recuerda que la Sala ha establecido en varias sentencias que los jueces no pueden estar vinculados a partidos políticos.
“La exigencia de independencia de los magistrados del CSJ es exigible, no únicamente respecto de los magistrados propietarios, sino también de los suplentes, en tanto que, si bien coyuntural o temporalmente ejercen sus funciones, la investidura de magistrado de la CSJ es permanente, por lo que al desempeñarse como tales, deben hacerlo con imparcialidad, con sujeción plena a la Constitución y a las leyes”, plantea Anaya Barraza.
Lo anterior deviene, sostiene, en “la exigencia imperativa de que los magistrados de la CSJ, propietarios o suplentes, carezcan de afiliación partidaria o de vinculación material con partidos políticos, pues conforme a la sentencia de 23-1-2013-, Inc. 49-2011- ello podría significar un obstáculo para la realización del interés general implícito en su principal función, ya sea para favorecer a las entidades de sus mismos partidos o ejercer deficientemente las competencias que se atribuyen”.
Anaya Barraza asegura que en el caso de Iglesias Herrera “sí existe claramente un vínculo material con el partido FMLN”, pues labora como asesor para este instituto político y hasta lo ha representado en organismos electorales.
El demandante presentó documentos que, a su juicio, comprueban el nexo de Iglesias con el partido FMLN.
Iglesias se defiende
Iglesias, por su parte, en su oportunidad admitió a este periódico que él trabaja como asesor del FMLN desde 2006; es decir, mucho antes de lanzar su candidatura para magistrado de la CSJ, cuya elección se realizó en el 2012.
Al ser abordado en esa ocasión, Iglesias Herrera sostuvo que no le ve problema alguno al hecho de ostentar dos cargos públicos, como sí lo cuestionó Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
“Yo podría perfectamente renunciar pero el problema es que no le veo el asunto, porque mi imparcialidad no ha estado comprometida jamás. La Ley Orgánica Judicial permite que yo pueda tener otro cargo, siempre que no lo ejerza durante algún tiempo; sí se puede, no le veo ninguna incompatibilidad”, argumentó Iglesias a este periódico.
No obstante, segundos después externó que si las autoridades de algunos de los dos órganos de Estado para los cual trabaja, le piden su renuncia, pues está dispuesto a hacerlo. “Es más, hasta un favor me harían porque es un poco complicado, una labor bastante grande, pero mi idea es el servicio al público”, añadió el funcionario.
Iglesias Herrera también reconoció que para las elecciones legislativas y municipales de 2012 fue nombrado por el partido FMLN para que lo representara en la Junta Electoral Departamental de San Salvador, de la que incluso fue el presidente, según consta en los archivos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).