Reformar el sistema de justicia es parte de los tres grandes temas que el gobierno pretende acordar con los partidos, la empresa privada y otros sectores para sellar un “pacto de país” con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó ayer el Secretario de Gobernabilidad y Diálogo Político de la Presidencia de la República, Hato Hasbún.
Una primera intención del gobierno es adecuar la administración de justicia a los nuevos tiempos que vive El Salvador para “garantizar” la “independencia” de los Poderes del Estado y darle “continuidad” a los Acuerdos de Paz que se firmaron en 1992.
“Es uno de los elementos fundamentales del ejercicio democrático en el país y que, por lo tanto, se tocó en los acuerdos, pero por supuesto hay que darle continuidad a determinadas reformas y otras, valga la redundancia, hay que reformarlas porque los tiempos cambian”, afirmó Hasbún.
Este anuncio lo dio en la Cancillería en un evento en el que se informó de los preparativos que realiza el gobierno de cara a celebrar el próximo año el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz.
Hasbún reveló que modificar el sistema judicial fue parte de la agenda que discutieron en la mesa de “negociación” que la ONU está liderando con todos los sectores políticos, sociales y empresariales del país, en aras de lograr una especie de segundo acuerdo de paz o como le llamó Hasbún ayer: la “continuidad” de los mismos o un nuevo “pacto de país”.
El miércoles pasado el gobierno junto a varios dirigentes partidarios, el canciller Hugo Martínez y el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, entre otros, escucharon el diagnóstico que hizo una misión de la ONU, luego de visitar el país en dos ocasiones para sostener pláticas bilaterales con distintos sectores.
Ese día los expertos del organismo internacional les informaron que es necesario sentarse a resolver no sólo problemas coyunturales, sino hacer un nuevo acuerdo de nación, a raíz de que el país vive una “grave polarización”.
Hasbún también habló de que al modificar el sistema de justicia el gobierno estaría garantizando la independencia de los Poderes del Estado, pero no desde la perspectiva de uno solo, sino de todos.
Para la ONU, la situación actual amerita que el Secretario General de esa entidad designe a un “facilitador” que participe de la mesa de “negociación” para garantizar que los acuerdos que allí se tomen, se cumplan.
Al respecto, Hasbún afirmó que “no necesitamos mediadores, pero como queremos que esto sea serio y garantizar lo que castizamente se dice: buenos acercadores, de eso se trata”, expresó.
Cardenal expresó el pasado jueves que eso fue algo que quedó en el tintero de las conversaciones, ya que la ONU se comprometió a que en tres semanas estaría proponiendo a la persona que reúna el perfil idóneo para servir de mediador en este nuevo pacto.
Consultada sobre los acercamientos con la ONU, la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, coincidió con lo que mencionó Hasbún, pero con otro matiz. “La principal preocupación que tengo en este momento es que se den pasos de retroceso en la institucionalidad democrática, en la separación de Poderes, en el respeto de la Constitución y el empoderamiento de los viejos grupos económicos que aún están vivos en el Órgano Judicial”, dijo.