EL Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública (Simeduco) anunció la primera suspensión de clases a nivel nacional para el próximo 29 y 30 de agosto, en protesta por el incumplimiento de un aumento del 10 % que les prometio el Ministerio de Educación (Mined) para este año.
De acuerdo al secretario general de la gremial, Francisco Zelada, los docentes recibieron el año pasado un incremento del 5 %, equivalente a 18 dólares. El 10 % correspondiente a este año aún no se ha hecho efectivo.
Las negociaciones y acuerdos entre los maestros y las autoridades de Educación establecieron que recibirían un 50 % de aumento, el cual se haría efectivo con el 10 % hasta completarlo en 2018.
“Al volver de vacaciones de Semana Santa acordamos con los titulares de Educación una agenda mínima de tres puntos, entre ellos el aumento salarial. No obstante, el ministro (Carlos Canjura) y su equipo se niegan a cumplir la revisión salarial bajo el pretexto que el Estado está en quiebra”, denunciaron.
Otro de los puntos que preocupan a los directores de las escuelas es que el Mined solo ha dado el 5 % a los proveedores de los paquetes escolares, quienes ya cumplieron con la entrega del segundo uniforme escolar para los alumnos.
En nombre de los proveedores, dijeron que estos se encuentran preocupados por los intereses que les generan los créditos que han obtenido para la compra de la tela y el calzado.
Las carencias no terminan ahí. También les está afectando la falta de fondos en las escuelas para su operación y funcionamiento.
De acuerdo con las estimaciones que hizo Napoleón Lara, secretario general del Sindicato de Educadores (Andes 21 de Junio), el 33 % de centros escolares no han recibido el primer desembolso, de un total de tres, que les hace al año el ministerio.
Para el director del Centro Escolar Montecarmelo, Saúl Rosales, quién ya recibió el primer desembolso de $450 dólares, el monto es muy poco porque tuvo que ocuparlo para pagar el salario de dos docentes. La escuela cuenta con 450 alumnos de parvularia a noveno grado y el presupuesto asignado es de mil 500 dólares en el año.
Según los agremiados algunos padres de familia colaboran con donaciones de dinero, papelería, rifas y llevan a cabo algún tipo de actividades que les ayude a recaudar fondos para suplir las necesidades de las diferentes escuelas donde estudian sus hijos.
Zelada expresó “las escuelas públicas no han cerrado porque están siendo financiadas por docentes y padres de Familia”.
Los sindicalistas advirtieron que si el Gobierno no atiende sus peticiones, “nosotros acordaremos medidas de presión que podrían incidir en los desfiles del 15 de septiembre”, enfatizó Lara.
Compensación a medias
La suspensión de clases también es por el pago incompleto que se ha hecho a los decentes que se adhirieron al retiro voluntario, aprobado por la Asamblea Legislativa a través del Decreto Legislativo 242.
El decreto 242 acoge a mil 435 docentes y 499 empleados del área administrativa del Mined en retiro voluntario que cumple con los requisitos para su jubilación.
En él se aprobó una compensación económica a los empleados igual a doce salarios, según el sueldo base de los docentes en retiro.
El Ministerio de Educación ha destinado 8 millones 789 mil 937 dólares para pagos de retiro voluntario. De ese monto solo han sido efectivos 3 millones 790 mil 951 dólares, denunció el secretario de Simeduco.
El acuerdo estipulado fue dar en dos pagos el dinero y el primer desembolso se efectuó en el mes de Junio; pero Zelada dijo que “hemos recibido quejas de diferentes departamentos en donde no se a cumplido el segundo pago”.
Los docentes que no han recibido el segundo desembolso pertenecen a los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulután, Morazán, La Unión y San Miguel.
Sin embargo, el encargado de estadísticas de Simeduco, Joaquín Orellana, confirmó que a pesar que ya se hicieron abonos en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Sonsonate, algunos docentes que pertenecen a estos departamentos aún no han recibido la otra mitad de su compensación económica por el tiempo laborado en el Mined.