El rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andreu Oliva, y el director del Instituto de Derechos Humanos de ese centro de estudios, José María Tojeira, cuestionaron ayer que, a 27 años de la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, los autores intelectuales del hecho no hayan sido juzgados y el caso siga impune.
Oliva y Tojeira criticaron que las únicas personas que enfrentaron un juicio, en 1991, por estas muertes no eran militares de alto rango, sino integrantes del Batallón Atlacatl.
Dos oficiales, uno de ellos de alto rango, fueron condenados a 30 años de cárcel (luego se vieron favorecidos con la Ley de Amnistía) y los demás fueron absueltos.
En 1993, el Informe de la Comisión de la Verdad atribuyó la responsabilidad intelectual de los crímenes a miembros de la alta jerarquía militar de la época. Las víctimas (entre ellas cinco de nacionalidad española) fueron asesinadas en las instalaciones de la UCA, el 16 de noviembre de 1989.
“Lo que nos preocupa es el tema de los autores intelectuales, es donde hemos visto fundamentalmente la negación de justicia y la impunidad, porque se ha hecho énfasis en que ya existía la Ley de Amnistía y que el caso ya había prescrito... todavía hay dudas al respecto”, señaló Oliva.
Mientras que Tojeira sostuvo que para quienes abogan porque los militares enfrenten la justicia en España, los “soldaditos son los menos importantes”.
Él criticó que “nadie hable de los autores intelectuales mencionados en el Informe de la Comisión de la Verdad” pese a que fue “un crimen de la Fuerza Armada, dirigido desde el Estado Mayor”.
En ese informe, además de militares de alto rango, se señala al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y al exministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios.
Para el rector de la universidad, el sistema de justicia de El Salvador es “débil”, por lo que considera difícil que los jueces actúen con libertad ante un caso tan emblemático.
Es por eso que, para los representantes de la UCA, al procesar a los militares en España habría “más garantías de justicia” para las víctimas y los acusados.
Los señalamientos fueron hechos tras conocerse que el martes, por unanimidad, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron la solicitud de extraditar a España a los militares reclamados por el caso jesuitas.
En enero, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, giró órdenes de captura internacional contra 17 militares salvadoreños involucrados en el hecho.
La Policía aprehendió al coronel Guillermo Benavides; a los subsargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo y al cabo Ángel Pérez. Desde febrero están en prisión, a la espera de que la CSJ decidiera si serían extraditados.
Oliva dijo que no se pronunciarán sobre la resolución hasta que se conozcan los argumentos jurídicos.
Sin embargo manifestó que no se debe concluir que con la denegatoria de extradición el caso se debe dar por cerrado, sino que hay que esperar a que la CSJ se pronuncie sobre los autores intelectuales de la masacre.
Vicepresidente califica de acertada la resolución
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo ayer que los magistrados de la CSJ tomaron una “decisión oportuna” al rechazar la petición de extraditar a los militares.
“Creo que fue una decisión bien razonada y en el contexto en el que estamos, creo que es un mensaje claro y qué bueno que la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado”, sostuvo Ortiz.
Para el funcionario, “quizás es necesario considerar que por todo lo que está sucediendo, incluso por las múltiples resoluciones de la Sala de lo Constitucional, quizás para que todos nos sintamos con la certidumbre y por la perspectiva en el campo constitucional, quizás es el momento de discutir una reforma constitucional”.
Ortiz no detalló de qué tipo de reformas constitucionales hablaba.
Al respecto, Tojeira expresó que había que preguntarle al vicepresidente, quien perteneció a la guerrilla, si daba esa opinión “por la paz o porque tiene miedo de que alguien proceda contra él por crímenes pasados”.
Por su parte, el magistrado de la CSJ, Rodolfo González, sostuvo que aún debaten la situación jurídica de otros implicados en el caso jesuitas, pero cuya situación es diferente a la del resto. Por ejemplo, para los militares que no están detenidos o los que ya fueron juzgados y condenados pero fueron favorecidos con la Ley de Amnistía, como pasó con Benavides.
González dijo que los magistrados siguen en el debate de la fundamentación y que hoy podría conocerse la resolución final sobre este caso.