Los abogados de los cuatro militares que están detenidos por el caso jesuitas exhortaron ayer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no retrasar el proceso para que sus defendidos puedan recuperar su libertad.
Luego de que el martes el pleno de la CSJ rechazara poner a los detenidos a disposición de la Audiencia Nacional de España, los militares deben dejar, “de inmediato”, las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía, donde han estado desde febrero.
El abogado Lisandro Quintanilla, secundado por su colega, Carlos Guzmán, manifestó que el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez fueron capturados con fines de extradición, pero tras conocerse la decisión de los magistrados ya no deben estar presos.
“Creemos que si ya se tomó la decisión de no extraditarlos, los magistrados deben proceder a fundamentarla y a notificar cuanto antes al Reino de España, a nosotros y a la jueza primera de Paz, para que ordene de forma inmediata la libertad”, dijo Quintanilla.
Para los otros 13 militares que son reclamados por el juez español, Eloy Velasco, pero que no han sido detenidos la orden no queda sin efecto de forma automática, explicaron las fuentes.
Por esa razón, el 21 de enero pasado, la defensa interpuso solicitudes de hábeas corpus de carácter preventivo pero, hasta la fecha, la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado al respecto.
“Ya la Sala de lo Constitucional, con esta decisión de haber denegado la extradición de los cuatro militares, debe aplicar esa misma razón y disponer que cesen las órdenes de capturas y la restricción de las libertades de los demás”, opinó Quintanilla.
Ambos defensores acudieron ayer por la mañana a la CSJ con la intención de ser notificados sobre la denegatoria de extradición, pero les informaron que los magistrados aún trabajan en la sentencia.
Sin embargo, delegados de la institución les confirmaron que los magistrados resolvieron a favor de los cuatro detenidos, y no solo de uno como trascendió el martes.
Posteriormente, el Máximo Tribunal deberá estudiar caso por caso para definir la situación jurídica tanto de los militares detenidos, como de los que no lo están.