La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), durante el gobierno Funes, le dio el contrato para un nuevo diseño de la represa El Chaparral a la brasileña Intertechne, pese a la oposición del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a que un diseño elaborado anteriormente por la misma firma fue descartado.
En junio de 2013, en un proceso que contempló con una declaratoria de “urgencia” en septiembre de 2012 y que fue conocida por el expresidente Funes en Consejo de Ministros, se adjudicó nuevamente el diseño detallado de la presa El Chaparral a Intertechne, la misma que en 2006 preparó los documentos de la licitación con los que la firma italiana Astaldi participó y ganó el contrato del polémico proyecto a un monto de casi $220 millones.
La CEL, luego de cerrar vía arreglo directo las diversas controversias e irregularidades con la constructora italiana en julio de 2012 y pagarle $108.5 millones pese a que dejó inconclusa la obra, buscó seguir con la central hidroeléctrica hasta lograr la precalificación, en diciembre de 2013, de las firmas Sinohydro Corporation LTD (de capital chino) y Norberto Odebrecht, esta última ligada al caso de corrupción de la estatal Petrobras de Brasil.
Con actas de la Junta Directiva de CEL del período que comprende entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013, El Diario de Hoy constató que se realizó una contratación directa a Intertechne y que incluso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ente financiero de la autónoma para El Chaparral, se opuso a la adjudicación.
Fue por esto que, en un primer momento la Junta Directiva de CEL, que era presidida entonces Leopoldo Samour, la declaró “sin efecto” y cinco días después abrió otro proceso para entregar la licitación a Intertechne a un monto de $5.7 millones.
Según el acta de Junta Directiva 3,537 fue Samour quien “sometió” a consideración el calificativo de “urgencia” para continuar y culminar El Chaparral con el argumento de que estaba en riesgo la inversión realizada y que se debían hacer contrataciones directas para “preservar el interés general” del proyecto energético.
Por ello, la Junta acordó calificar “de urgente la continuación y culminación del proyecto” y autorizó el inicio de gestiones para adquirir bienes, servicios y consultorías necesarias para seguir con la construcción de la megaobra.
Va al Consejo de Ministros
Incluso el 17 de septiembre de 2012, este acuerdo, según la misma acta, se hizo del conocimiento del Consejo de Ministros, una instancia que según el reglamento interno del Órgano Ejecutivo, es encabezado por el presidente de la República, en esa época Mauricio Funes.
Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la calificación de urgencia se hace con el conocimiento del Consejo de Ministros y procede cundo postergar o contratar un servicio pone “en riesgo” el interés general lo cual, para CEL, era preservar las obras que la constructora Astaldi realizó.
Pero más allá de esto, el acta 3,554 de la directiva de la autónoma revela que se buscó contratar de forma directa a un consultor para que elaborara los términos de referencia para licitar el diseño detallado del proyecto, algo que nunca realizó Astaldi y que determinó una parte de las diferencias con la CEL.
Sin embargo, se invitó, según el documento, a dos consultores de forma individual: Óscar Paitoví y Selmo Chapira Kuperman. Ambos declinaron en participar y argumentaron contar con plazos de tiempo “muy cortos” para realizar un trabajo. Por ello la oficina de coordinación de proyectos le recomendó a Samour utilizar los términos de referencia que dejó Euroestudios-Ingetec, un asocio entre firmas colombianas y españolas que incluso hizo un valúo inferior a los $108.5 millones que CEL le pagó a Astaldi.
“Ante la dilatación generada por los hechos mencionados y la respuesta de empresas y consultores en los procesos referidos así como la declaratoria de urgencia no es conveniente para CEL, por razones de interés público, continuar con los servicios de consultoría (...) eso implicaría tener resultados hasta mayo de 2013 y reiniciar la construcción de obras hasta finales de 2014”, justifica la autónoma en el acta 3,554.
En esa misma sesión de junta, de fecha 5 de diciembre de 2012, también se autorizó el inicio del procedimiento de contratación directa de para la “Consultoría del diseño detallado y asesoría técnica para la Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral”. Incluso se aprobó un documento donde se hace la solicitud de oferta a siete firmas consultoras, entre ellas Intertechne.
Tres meses después, un 4 de marzo de 2013, CEL además de recibir una oferta por parte de los brasileños a un monto de $5.8 millones, también conoció otras dos propuestas: la de la consultora Fichtner GmbH. & Co. KG. a un monto de $8.6 millones, y Acciona Ingeniería, S.A. por $3.9 millones.
Sin embargo Samour y el resto de directivos de la autónoma pidieron “opiniones jurídicas” antes de hacer la adjudicación, tanto con los asesores internos de CEL como con otro consultor de centrales hidroeléctricas, César Bayardo, y el abogado José Roberto Barriere, experto en la LACAP.
Fue con estos informes que, según el acta 3,575 con fecha 20 de abril de 2013, la Junta Directiva fue notificada, por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la CEL, que era procedente la adjudicación a favor de Intertechne y que se debía hacer del conocimiento del BCIE y la Corte de Cuentas de la República.
BCIE objeta contratación y CEL la deja sin efecto
En todo este escenario, es clave mencionar cómo este organismo financiero, que prestó $163 millones en 2008 para construir el proyecto, no respaldó la decisión de CEL de adjudicar el contrato a los brasileños porque se requería “mayor calidad técnica”, considerando el costo (del servicio) con menor ponderación al momento de otorgar la adjudicación.
“El costo como factor de selección del contratista (Intertechne) deberá de utilizarse en forma prudente, asignándole a este una ponderación que se determinará en cada caso de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ha de realizar”, dijo el BCIE.
Según el acta 3,582 de CEL, el parámetro de selección que había definido la Comisión Evaluadora de Ofertas se basaba en una relación 40% calidad técnica y 60% costo, algo que para el BCIE “podría considerarse como un mecanismo de ponderación no adecuado para este caso, ya que el diseño de la Central Hidroeléctrica El Chaparral requiere la mayor calidad técnica, considerando el costo con la menor ponderación posible”, indica el punto de acta del 31 de mayo de 2013.
Debido a esto se dejó “sin efecto” el proceso de contratación directa de Intertechne e incluso se declaró reservada esta decisión para que ningún ciudadano, vía Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) tuviera acceso a ella hasta 2019.
No obstante, cinco días después, según el acta 3,583 del 5 de junio de 2013, Samour y la Directiva, partiendo del calificativo “de urgencia” que se le habían dado al proyecto, consideraron procedente iniciar una nueva contratación directa a fin de contar a la brevedad con los servicios del consultor, el cual ya había recibido el primero diseño.
“Con el objetivo de acelerar la obtención de los diseños detallados del proyecto se ve conveniente solicitar una nueva oferta a Intertechne (...) con las modificaciones de la reducción en el plazo de entrega del diseño final en 4 meses y la eliminación del anticipo”, plantea el acta 3583 en su numeral seis.
Así, CEL volvió a solicitar a Intertechne su oferta económica, la cual solo se redujo en $112,057.52, mientras que en lo técnico no cambió. Fue así como el 13 de junio de 2013 la Junta Directiva autorizó la contratación directa de Intertechene y ordenó la aplicación inmediata del acuerdo, según revisó este períódico en el acta 3,585 de CEL.
Un día después, Samour dijo a El Diario de Hoy que a las autoridades de CEL “le recomendaron” contratar a la firma que más conociera el caso El Chaparral y que se logró la “no objeción” del BCIE, organismo donde aún está como director ejecutivo el hermano del expresidente Funes, Guillermo Funes Cartagena.
“La contratación la hicimos así (vía directa) porque se trata de un proyecto de importancia nacional. Debemos cuidar la inversión total”, sostuvo Samour en su momento para justificar la adjudicación de Intertechne.
Según las actas, la propuesta que hizo Intertechne a CEL para continuar con la presa El Chaparral no corregía los problemas en la zona y nunca llegó a ejecutarse.
Incluso el actual presidente de CEL, David López Villafuerte, dijo en julio del año pasado que se descartaba este “rediseño” que se encargó a los brasileños porque no corregía los problemas de la margen derecha en el sitio de obras de El Chaparral.
“Queríamos dejar el dique (sitio de presa) en el mismo lugar pero la alternativa que han planteado los técnicos de CEL es de moverlo 670 metros arriba de su ubicación actual, eso que hicieron los brasileños no se ajusta a las necesidades de la continuación de la construcción”, dijo López.
En 2006 la entonces administración de Nicolás Salume adjudicó a Intertechne el diseño básico y los términos de referencia de El Chaparral a un monto de $3.7 millones.