La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que informen si se ha cumplido la sentencia de 2014 que ordena que los partidos políticos transparenten sus finanzas y sus patrocinadores.
Los magistrados emitieron la semana anterior una resolución en la que dan diez días al TSE para que rinda informe sobre si los partidos han cumplido con sus obligaciones en materia de transparencia, que incluye revelar ante el organismo electoral su información financiera, balances, nombres de donantes (personas naturales y jurídicas), el tipo y monto de la aportación y el destino o uso dado.
El mismo plazo tendrán los diputados para detallar los avances para suprimir, de la actual Ley de Partidos Políticos, la obligación de los partidos para pedirle a sus financistas permiso para difundir información sobre ellos y los montos de donaciones.
La decisión de la Sala surge luego de que en noviembre de 2015 el abogado Eduardo Escobar solicitara que la Sala exigiera los respectivos informes.
Escobar adelantó a El Diario de Hoy que si los partidos no cumplen, podría pedir que la Sala emita medidas cautelares o restrictivas como frenar la inscripción de candidaturas hasta que cumplan la sentencia (ver nota aparte).
En la resolución y citando la demanda de Escobar, la Sala observa que los diputados a la Asamblea dejaron en manos de los financistas de los partidos otorgar la venia para que se revele la información, así como la obligación de que los ciudadanos digan para qué usarán esos datos.
Pero la Sala determinó que el derecho de acceso a la información impone a los partidos políticos y a sus candidatos la obligación puntual de proporcionar la información que se les requiera, específicamente el detalle de la fuente u origen de su financiamiento, esto es, que personas naturales o jurídicas contribuyen, la cuantía de los aportes y el destino que se les dé a estos.
La Asamblea Legislativa estableció en el artículo 24 de la ley que los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite, por medios electrónicos o físicos, información sobre los nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político y el monto de los mismos, previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información, la cual debería constar en un documento separado, extendido al efecto y no podría ser parte de hojas de afiliación.
Asimismo, reguló en el artículo 26 que la solicitud de información de los partidos políticos debía contener, entre los datos mínimos requeridos, la especificación de la información requerida y el tratamiento que se daría a dicha información o su finalidad.
Ley sin dientes
Según Escobar, la Ley de Partidos, desde que se planteó y aprobó, fue un instrumento legal débil, algo que no se modificó con las reformas aprobadas en octubre de 2014, por lo que incluso la Sala, en febrero de 2015 dio “por no cumplida” la sentencia.
“Los magistrados de la Sala se han pronunciado en varias ocasiones sobre la sentencia y han dejado claro que no se ha cumplido, la Asamblea no puede hacer reformas parciales o sin los efectos del mandato de la resolución, sobre todo porque la transparencia en los partidos políticos debe de ser completa”, expresa el abogado Escobar.
La Sala estableció, al dar por no cumplida la sentencia, que la condición y requisitos establecidos para tener acceso a la información financiera de los partidos políticos inhibe el ejercicio de ese derecho, ya que el legislador se desentiende de su obligación de promocionar el derecho de acceder a este tipo de información, al trasladar la eficacia del derecho a la voluntad del donante.
Por ello se determinó que las frases “previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información, la cual deberá constar en un documento separado, extendido al efecto y no podrá ser parte de hojas de afiliación”, y el “tratamiento que se dará a dicha información o su finalidad”, fueron emitidas en contravención a la sentencia pronunciada por la Sala y dichos textos no producirán efecto jurídico constitucional alguno.
“Por ello es que toda solicitud de información, vinculada al financiamiento de los partidos políticos, no debe estar condicionada a la autorización de los donantes y no es necesario que el solicitante de la información haga explícita la finalidad o tratamiento que dará a los datos que se le faciliten”, explicó el demandante Escobar.
Sobre las fuentes de financiamiento a los partidos, corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el velar que cumplan con la recepción de dinero lícito y sobre el manejo transparente de los fondos que obtuvieron en la campaña electoral para los comicios legislativos y municipales que se desarrollaron en marzo del año pasado.
Acceso a la información es prioritario
Pese a la sentencia de la Sala, los partidos políticos se han venido resistiendo a transparentar sus finanzas. Tal es así que el mes pasado, el Tribunal Supremo Electoral les ordenó que entregaran la información demandada por Escobar y otros ciudadanos, pero algunos la entregaron incompleta o fuera del plazo otorgado, y hubo uno que no la entregó.
Ante ese incumplimiento, el TSE les multó con cantidades diferenciadas a todos los partidos según la infracción.
En su momento diputados del FMLN consideraron que la Asamblea “cumplió” con lo planteado en la sentencia de la Sala. No obstante, ARENA planteó la necesidad de hacer reformas pertinentes para cumplir totalmente con lo dictado por la Sala de lo Constitucional y acusó a otras fuerzas políticas de dilatar una discusión sobre la reforma.
“Creo que la Asamblea mantiene la posición de que esta reforma ya fue discutida, ya fue aprobada y que se cumplió con legislar pero yo, como demandante, tengo claro que no se puede legislar para hacer un cumplimiento parcial de una sentencia tan determinante”, puntualizó Escobar.
En diferentes momentos sectores y gremiales como Aliados por la Democracia y la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) consideraron que si los partidos mantienen ocultas sus fuentes de financiamiento, existe el peligro de que grupos criminales puedan penetrar dinero ilícito a las esferas del Estado por esta vía y empezar a corromper sus instituciones.