Sin que estuvieran presentes en el Juzgado de Instrucción A de San Salvador, 48 miembros de la mara Salvatrucha -entre ellos varios cabecillas de la “ranfla histórica” (cúpula de la pandilla)- fueron acusados ayer por la Fiscalía General de homicidio agravado, conspiración para cometer homicidio, extorsión, lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico.
Los imputados están vinculados a las 77 personas (pandilleros y supuestos colaboradores) que fueron aprehendidas en diferentes zonas del país, a finales de julio , durante la Operación Jaque.
Los delincuentes están recluidos en los penales de Chalatenango, Ilobasco, Zacatecoluca, Izalco y Ciudad Barrios cumpliendo condenas por varios delitos y les acumularon otros.
Ayer, ninguno de los acusados fue llevado a la diligencia porque las cárceles donde se encuentran han sido declaradas en estado de emergencia.
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que los pandilleros hacían coordinaciones para cometer diferentes delitos con los cabecillas que estaban en libertad, quienes habían formado La Federación, la cual operaba con la ayuda de 249 clicas a nivel nacional.
“Ellos (desde la cárcel) ordenaban las grandes acciones que iba a tomar la pandilla para recolectar más fondos; la centralización y comercio de la droga y el desarrollo de los planes terroristas de atentados contra instituciones o funcionarios del Estado”, dijo uno de los fiscales.
Los defensores de algunos de los imputados pidieron que la jueza Ana Lucila Fuentes de Paz se recusara de conocer algunos de los delitos que les imputan a los pandilleros, pero no revelaron cuáles.
Sin embargo, fuentes judiciales informaron que se trataba de los delitos de hurto y robo, ya que estos son competencia de los juzgados comunes, no de los especializados.
La diligencia inició al mediodía y terminó casi las 7:30 de la noche.
De acuerdo con las investigaciones, los cabecillas de la pandilla delinquían en complicidad con los miembros de La Federación.
A través de videoconferencias que los reclusos tenían con los pandilleros que estaban en libertad, ordenaban hasta 10 homicidios de una sola vez, según las pesquisas.
Entre quienes la dirigían La Federación estaba Marvin Adaly Ramos Quintanilla, (a) Piwa.
Las autoridades han informado que él era pastor evangélico y se le consideraba el “cerebro financiero” de la pandilla.
A Ramos, quien también trabajó en la Alcaldía de Ilopango y ganaba un salario de hasta $800, le decomisaron decenas de vehículos (varios de ellos de lujo), los cuales importaba y guardaba en un taller en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador.
Algunos de esos automóviles fueron usados para cometer actos delincuenciales como homicidios y traslado de armas.
Además, el Piwa habría ordenado ejecutar a 50 miembros de la misma pandilla por haberse rebelado contra la estructura, de acuerdo con la Fiscalía.
Según las investigaciones, los pandilleros que fueron ultimados por su misma pandilla pretendían formar la mara Salvatrucha Revolucionaria, la cual estaría encabezada por Walter Antonio Carrillo Alfaro, (a) el Chory.
Este pandillero, según las grabaciones de las escuchas telefónicas que la Fiscalía presentó como prueba, estaba inconforme con la agrupación porque decía que el Piwa y otros cabecillas se habían beneficiado con la entrega de 25 millones de dólares que el Gobierno del expresidente Mauricio Funes presuntamente les entregó durante la tregua.
Otro detalle de la investigación que ha salido a la luz es que La Federación se reunía en algunos lugares del lago de Ilopango para planificar sus fechorías.
Se presentan personas que estaban prófugas
Estos 38 reos forman el segundo grupo de personas ligadas a la Operación Jaque que son acusadas formalmente por el Ministerio Público.
El 1 de agosto pasado, la jueza especializada de instrucción envió a prisión a 75 de las 77 personas imputadas que fueron arrestadas.
El Piwa, junto con otros cuatro cabecillas de la mara, fueron enviados al penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca (Zacatraz).
Fuentes decidió que estuvieran recluidos en ese lugar debido a su alta peligrosidad.
El resto de imputados estará en otras prisiones los próximos seis meses. Mientras que una mujer que tiene un bebé y un importador de carros seguirán el proceso en libertad tras el pago de una fianza.
Hasta la semana pasada había 44 personas vinculadas a la mara Salvatrucha que estaban prófugas.
No obstante, fuentes de la Fiscalía informaron que algunas de ellas, 10, se presentaron al proceso mediante sus abogados para enfrentar el proceso judicial.
Está pendiente que el juzgado fije la fecha para que enfrenten la audiencia de imposición de medidas.