Los recién juramentados magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), David Omar Molina Zepeda y Ramón Iván García, son abogados y notarios que ya son figuras reconocidas por los legisladores que ayer los nombraron. El primero fue a propuesta del FMLN y el segundo promovido por ARENA.
Molina Zepeda, quien fue jefe de la Sección de Investigación Profesional de la CSJ, inclusive estuvo en la lista de ternas que envió el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en mayo de 2015 para elegir a los magistrados propietarios del Órgano Judicial, pero no lo logró.
En su curriculum aparece que es director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conas) y que fue jefe del departamento penal de la Universidad de El Salvador.
Molina Zepeda también indica que participó en el encuentro internacional sobre la sociedad y sus retos frente a la corrupción en 2007 y en el congreso internacional de Ciencias Penales en el 2000, ambos en La Habana, Cuba.
Además menciona que en 1994 participó en el seminario internacional Rights Law Intership en De Paul University College of law, de los Estados Unidos.
Por su parte, Iván García es magistrado presidente de la Cámara Segunda de Instrucción y fue asesor de la Fiscalía General de la República, de 2013 a 2014. También obtuvo un Máster en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Ha sido magistrado suplente de la CSJ de 2009 al 2015 y ha fungido como profesor en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Entre sus trabajos más recientes está su designación en la investigación sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y la exprimera Dama, Vanda Pignato, durante el periodo 2009-2014.
En marzo anterior y dado que la Presidencia de la República incumplió la medida cautelar de proporcionar toda la información relativa a los viajes al extranjero del entonces gobernante, la Sala de lo Constitucional encomendó al juez García recopilar esa información en varias entidades del gobierno, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración, Secretarías de Asuntos Legislativos, Jurídicos y de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, entre otras, según la resolución judicial del 9 de marzo de 2016.
Los magistrados prometieron actuar apegados a la ley.