ORIENTE. Evitar la migración irregular, la trata de personas, la explotación infantil, el contrabando de mercaderías, entre otros problemas, es el gran objetivo que jueces y magistrados de las Repúblicas de El Salvador y Honduras buscan lograr en los municipios limítrofes entre ambas naciones.
Lo hacen mediante el Programa de Facilitadores Judiciales, que es apoyado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue puesto en marcha en 2012.
En El Salvador existen 623 Facilitadores Judiciales a nivel nacional, que ofrecen atención sobre derechos a las familias en zonas fronterizas.
A ello se suma la realización de encuentros de jueces y magistrados de ambas naciones para tratar el tema y consensuar preocupaciones y necesidades que la población tiene en esas regiones.
La iniciativa nace ante la vulnerabilidad que estas poblaciones poseen, precisamente, por estar en zonas a las que la justicia no llega de manera pronta.
Elsy Dueñas, magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, sostuvo que “en los encuentros se pretende abordar el tema de los migrantes en ambas naciones que tanto problemas nos esta dando".
Los invitados son jueces de Paz de municipios limítrofes entre Honduras y El Salvador.
Aseguró que a través del programa de Facilitadores Judiciales, que es conformado por líderes de las comunidades que han sido capacitados en materia de derechos para resolver problemas en sus lugares de origen, conocen de las necesidades.
La idea es que sin necesidad de que los ciudadanos vayan hasta los juzgados, la ayuda judicial llegue hasta las comunidades alejadas para atender a esos sectores desprotegidos que muy poco conocen sobre sus derechos y las leyes que los amparan.
Reiteró que es a través de los Facilitadores Judiciales que piensan llegar hasta esas comunidades y educar a las poblaciones para que sepan como actuar ante algún caso de injusticia.
“En comunidades limítrofes se encuentran familias que no cuentan con partidas de nacimiento o documentos de identidad y eso es grave, pero además son personas de escasos recursos y no tienen ni para el bus, por eso no inician trámites y legalizarse”, aseguró la magistrada.
En boca de los jueces
Omar Jiménez, magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua, Honduras, sostuvo que “es la migración irregular la que trae perjuicios a nuestras economías y acceso a justicia, porque a través de ellas se facilita la trata de personas, el contrabando de mercadería y otros”.
Mencionó que por ello, con los encuentros buscan ofrecer planes estratégicos para atender esos problemas que son tan frecuentes.
El Juez de Paz de Lislique en La Unión, Jorge Portillo, explicó que son constantes los casos de salvadoreños que llegan al país desde Honduras, pero sus hijos con doble nacionalidad vienen sin el permiso del padre y eso puede convertirse en delito.
“Conocí un caso en el que una salvadoreña venía de Honduras huyendo, alegaba maltrato intrafamiliar de su esposo hondureño y traía a su hija menor de edad sin ningún comprobante. Su esposo llegó al juzgado con una partida de nacimiento de la infante y el hombre se la llevó, precisamente porque la madre la sacó sin permiso y sin comprobar la doble nacionalidad de la menor”, dijo el juez.