En lo que va del año, el trabajo que realizan los diputados se ha reducido en gran parte a emitir dictámenes para delimitar los límites entre municipios, condecorar a personajes, declarar “capital por un día” a ciudades del país, emitir recomendaciones al Ejecutivo, pronunciarse sobre temas públicos, exonerar de impuestos el ingreso de artículos, trasladar fondos entre carteras de Estado y endeudar más al país.
Mientras tanto, hay acefalía en tres instituciones por falta de acuerdos legislativos, temas urgentes que suelen pasar mucho tiempo esperando a ser aprobados o incluso a ser discutidos, y hay un constante incumplimiento de plazos por parte del Congreso. Asimismo, son pocas las leyes nuevas que logran concluir todo el proceso de aprobación.
Un caso llamativo es el de la normativa para regular el proceso de adopciones que tardó 16 años en tener el consenso de todos los partidos, según se desprende de los expedientes publicados en el sitio web de la Asamblea, que datan del año 2000.
Otra normativa que fue aprobada con bastante tiempo de atraso fue la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos.
La moción la presentó el exdiputado de CD, Douglas Avilés, en 2009, quien proponía hacer cambios al Código Penal. Estos fueron aprobados como ley en febrero del presente año.
Cumplimiento de fallos CSJ
Otra área en la que se han registrado atrasos significativos en este año es el cumplimiento de algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suele establecer plazos para que el Congreso legisle en temas específicos como han sido los electorales.
Actualmente, la Asamblea tiene temas pendientes en que legislar y que tienen vencimiento de hasta dos años. En ese caso la Sala ha tenido que emitir recordatorios que certifican el incumplimiento de sus fallos.
Por ejemplo, el máximo tribunal constitucional tuvo que llamarle la atención a la Asamblea en febrero de este año porque no había acatado la sentencia de diciembre 2014 que los mandaba a reformar la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, en lo relativo a mejorar la tasa de interés que devengan los Certificados de Inversión Previsional (CIP) con el fin de mejorar la rentabilidad de las pensiones. La Sala les dio de plazo 15 días para hacerlo, tras dos años de no haber cumplido.
Los diputados cumplieron hasta en febrero de este año elevando la tasa de interés de las pensiones de forma gradual, pero hasta un máximo de 3.9 % y no del 7 % como lo exigían organizaciones de pensionados, entre otros sectores sociales.
También legislaron sobre el voto cruzado, pero dos años después de que la Sala les ordenó que lo hicieran y tras el recordatorio de los magistrados en diciembre de 2015 de que habían incumplido con ese cometido.
Ante la falta de cumplimiento en ese tema en el plazo dado por la Sala, en las elecciones legislativas y municipales de 2015 hubo vacíos importantes en el conteo de votos e irregularidades en el escrutinio final que desembocaron en numerosas demandas en la CSJ por algunos de los excandidatos a diputados y alcaldes que aseguraron que no se contabilizaron votos que eran a su favor.
Elecciones de segundo grado
Otro de los atrasos más llamativos se dan en la elección de funcionarios de segundo grado.
Por un lado, la falta de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ha tenido un fuerte impacto en el sistema judicial por el impedimento para elegir a 169 nuevos jueces, dado que esta institución es la encargada del nombramiento y capacitación de jueces.
En agosto del presente año, los diputados cumplen once meses de atraso en ese nombramiento.
Lejos de proceder a esta elección, en enero del presente año otorgaron al gerente general de esta institución facultades especiales para ejercer funciones administrativas mientras se resuelve la elección, pero este es un remedio parcial, pues no resuelve la parte de fondo de la institución: velar por el profesionalismo de la carrera judicial.
Una de las consecuencias visibles del retraso es que los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres aprobados en febrero de este año no han podido funcionar por la falta de nombramiento de los jueces, tarea que corresponde al CNJ.
El presidente de la CSJ, Armando Pineda, pidió a la Asamblea postergar hasta el 31 de diciembre de 2016 la nueva jurisdicción de los tribunales de la Mujer por la falta de jueces.
Además, el Legislativo tiene pendientes los nombramientos de magistrados de la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Deuda sí ha sido prioridad
En lo que va del año, una de las áreas donde ha habido amplia discusión entre los diputados es la búsqueda de nuevos créditos para el país.
Entre los préstamos aprobados, figura uno para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por 53 millones de euros que servirá para mejorar la planta de agua potable de Las Pavas, según ha dicho el presidente de la autónoma, Marco Fortín.
En febrero, se aprobó un préstamo de $170 millones para invertirlo en el “Programa Integrado de Salud II”. Además, otros $30 millones fueron avalados para el proyecto Ciudad Mujer, Fase II.
La Asamblea también autorizó este año al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, titularizar los flujos financieros futuros provenientes de los recursos que perciba para obtener fondos para financiar proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura y su equipamiento.
Algunos de los préstamos no han podido ser ratificados, pues otra de las deudas de la actual legislatura es acordar una ley de responsabilidad fiscal que dé orden a las finanzas públicas. ARENA ha condicionado los votos a la existencia de esta ley.
No hay registro sobre la asistencia a comisiones
Las comisiones legislativas son las instancias dentro de este órgano de Estado donde se discuten y emiten los dictámenes que posteriormente son votados por el pleno y se convierten en las leyes de la República.
Por tanto, la asistencia constante a estas es esencial para que el Congreso establezca una lista de prioridades y resuelva sus deudas pendientes.
A pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ordena publicar de forma oficiosa la frecuencia con la que los diputados asisten a las comisiones de trabajo, esos datos no están disponibles en el sitio web de la Asamblea Legislativa y no se puede constatar con qué regularidad han participado qué diputados.
Sobre la ausencia de estos datos, El Diario de Hoy consultó al Oficial de Información de la Asamblea, Manuel Galdámez, pero este informó que en el Portal de Transparencia no se encuentran porque “es una información que no me la dan, a pesar de que se las he pedido a Junta Directiva, se las he pedido que la manden, que la publiquen y que la actualicen”, lamentó.
Tras el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que separó del cargo a los diputados suplentes por carecer de legitimidad democrática, los diputados han advertido que el trabajo legislativo puede ser aun más lento e incluso han explorado la posibilidad de reducir la incidencia de comisiones o de las sesiones plenarias.
Esto porque, previo al fallo, los suplentes solían integrar las comisiones o incluso dar su voto en el pleno en aquellas circunstancias que pudieran tener un alto costo político a los propietarios.
A pesar del impacto que anuncian que tendrá la falta de suplentes en el trabajo legislativo, incluso con ellos el Congreso no ha sido considerablemente productivo, a no ser que se trate de préstamos o de cabildeos para alcanzar los votos y así poder aprobar en el pleno aquellos temas que son prioritarios para los partidos.