El director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Javier Castro, lamentó que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) esté colocando, a través de sus funcionarios, filtros para el acceso a la información pública.
Además reconoció que este tipo de controles, impuestos por el gerente general de la autónoma, Emérito Velásquez, como revisar toda solicitud de información ponen de manifiesto la resistencia en varios sectores gubernamentales de rendir cuentas y de cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
“Es preocupante que lo de CEPA sea una reacción ante gastos injustificados que fueron de conocimiento público, el Oficial de Información es el que resuelve las solicitudes de información de la ciudadanía y nos preocupa que existan filtros que no tienen justificación legal y que determinen si se entrega o no la información”, afirmó Castro.
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Agregó que el mecanismo creado por Velásquez es un abuso a la ley porque ningún funcionario puede dar “el visto bueno” de la información que se entregue al ciudadano.
“Esto va en contra del espíritu del marco legal sobre el acceso a la información e incluso viola el principio de máxima publicidad que plantea no crear obstáculos innecesarios para dar información”, señaló Castro.
En este sentido, Castro hizo un llamado a fortalecer el rol de los oficiales de información porque, a su criterio, el diseño de la LAIP puede conllevar que existan presiones sobre su figura para que no hagan el trabajo como les corresponde o no resolver acorde al criterio técnico de su responsabilidad.
“Son claros mecanismos que debilitan el trabajo de un oficial, esto frena el acceso ciudadano a información y a un ejercicio constante de control social sobre las instituciones públicas”, puntualizó.
El gerente general de CEPA incidirá en la respuesta a los requerimientos de información que lleguen a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la institución, ya que los revisará antes de decidir si se entrega o deniega lo solicitado por los ciudadanos sobre diferentes temas de esta empresa estatal.
Velásquez emitió la circular GG-009/2016 y le comunicó a gerentes, jefes de unidad y encargados de departamentos de la autónoma que la medida es para “fortalecer la comunicación como equipo gerencial” y fue tomada en junta directiva para garantizar el derecho ciudadano, según reconoció la institución en una nota enviada a este periódico.
Al respecto, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) considera que el cargo del oficial “es de naturaleza técnica” y amerita completa independencia.