Dos meses han pasado desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el hacinamiento en los centros de reclusión de El Salvador, porque vulnera los derechos a la integridad física y a la salud de los privados de libertad.
En la sentencia se señala que las cárceles tienen capacidad para recluir a 8,110 personas pero, hasta el 2 de mayo anterior, según la Sala, la Dirección General de Centros Penales había registrado 33,421 presos, entre procesados y condenados.
Esto ha llevado a El Salvador a posicionarse en el primer lugar de 34 países con el mayor porcentaje de ocupación de cárceles con 299%. Bolivia con 233% y Haití 218% ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente, según un Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A raíz de eso, los magistrados ordenaron a diferentes instituciones de Gobierno ejecutar acciones específicas para mejorar las condiciones en las que están los reos en los presidios y en las bartolinas de la Policía Nacional Civil.
Sin embargo, resolver un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años no es una tarea sencilla.
Aunque la Sala de lo Constitucional no estableció un plazo para que se hicieran las mejoras en los centros de detención, el proceso avanza a paso lento y los resultados no podrán verse a corto ni a mediano plazo.
“Hasta hoy no lo hemos hecho. Por el momento, el sistema en general no ha reducido sus niveles de hacinamiento”, reconoció el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el 11 de julio pasado, cuando se le preguntó qué se estaba haciendo tras el fallo del Tribunal Superior.
El funcionario matizó que lo que sí se ha hecho es trasladar de las bartolinas policiales hacia los presidios a 1,600 reos. La meta, según él, es mover a 400 más.
“En las condiciones en las que se encuentran las bartolinas no se pueden garantizar todos los derechos de las personas privadas de libertad. Por eso, desde la Policía se ha gestionado desde hace varios años la necesidad de que estas personas pasen a las cárcel; para ello, se ha pedido la colaboración de los jueces, que son a cuya orden están estas personas”, señaló Ramírez Landaverde.
La situación en los reclusorios, según él, se empezará a oxigenar cuando estén construidos los tres centros temporales de reclusión (en Ayutuxtepeque, Zacatecoluca e Izalco) y se tengan los brazaletes electrónicos, los cuales permitirían sacar de las cárceles a los reclusos en fase de confianza o de menor peligrosidad, este último proyecto muy poco ha avanzado.
Las fechas para que las autoridades cuenten con estos inmuebles y dispositivos son inciertas, lo que hace presumir que el problema se prolongaría.
Compra de brazaletes en el limbo desde 2013
El proyecto del uso de brazaletes electrónicos no termina de despegar, pese a que se viene gestionando desde hace varios años.
En agosto de 2013, el Ministerio de Seguridad presentó una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa para avalar el uso de dispositivos electrónicos, que tienen un sistema de posicionamiento global (GPS).
Con eso se pretende “aliviar” la saturación de reos y reducir costos en los centros penitenciarios. La normativa fue aprobada por los diputados hasta enero de 2015.
En su momento, las autoridades informaron que los brazaletes serían colocados inicialmente a 4 mil reos procesados o condenados por delitos menores y que no fueran integrantes de pandillas.
En diciembre de 2013, los parlamentarios aprobaron un préstamo de 71 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De este monto, 13 millones de dólares servirían para adquirir los dispositivos, instalar un centro de monitoreo y capacitar al personal que estaría a cargo de vigilarlos.
El resto de dinero se destinaría para finalizar la construcción de la tercera fase del penal de Izalco, en Sonsonate, así como para la ampliación y equipamiento de las granjas penitenciarias de Izalco, Zacatecoluca y Santa Ana .
Tres meses después de que fue avalado el préstamo con el BCIE, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, negó que las gestiones para poner en marcha la compra de brazaletes y llevar a cabo las obras en las cárceles y granjas estuvieran paralizadas.
Él aseguró que las diligencias para acceder a los fondos se harían en enero de 2014. Contradictoriamente, meses antes, algunos funcionarios de Seguridad sostuvieron que los trámites para obtenerlos 71 millones de dólares ya se tenían avanzados.
Según diversas fuentes , la idea era que para que cuando los diputados dieran el aval no se perdiera tiempo y se presentaran de inmediato los documentos a la institución financiera. Eso no fue así y el Gobierno ha seguido posponiendo la medida.
En junio pasado, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que el plan se concretizará hasta el 2017.
“Para el próximo año tendremos la aplicación de los brazaletes, para aquellas personas que necesitan estar bajo control de seguridad, pero que no ameritan estar en la cárcel. Claro, ese tipo decisiones siempre son judiciales, no le corresponden al Gobierno, si no al sistema judicial del país (...)”, justificó Chicas.
Al respecto, el ministro de Seguridad dijo recientemente que el uso de los brazaletes permitirá a los jueces decretar medidas sustitutivas a la detención y hará que haya menos policías custodiando a personas que cumplen arresto domiciliario.
Ramírez Landaverde añadió que ya se remitieron a los jueces de vigilancia penitenciaria varios expedientes de personas a quienes se les podía dar libertar condicional o se les puede suspender la pena porque son de la tercera edad o padecen enfermedades terminales o crónicas.
Para disponer de los tres centros de reclusión temporal tampoco hay plazos. A mediados de mayo pasado, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y funcionarios del Gabinete de Seguridad, colocaron la primera piedra en el terreno donde funcionará el recinto en Mariona, cerca del penal La Esperanza, en Ayutuxtepeque.
Las autoridades revelaron que ahí se albergaría a unos tres mil reos considerados de baja peligrosidad o que están en fase de confianza, quienes harán actividades laborales y de apoyo a la comunidad como parte de su proceso de rehabilitación.
Además, anunciaron que en Zacatecoluca e Izalco habrían dos inmuebles similares -en los que se recibiría a 7 mil personas-pero no revelaron cuándo empezarían a construirlos ni tampoco cuándo estarán concluidos.
Para la edificación de los tres inmuebles, de acuerdo a las fuentes, se utilizarán 12 millones de dólares.
País sin cumplir meta de Asocio para Crecimiento
La reducción del hacinamiento en las cárceles es uno de los cinco compromisos que el Gobierno de El Salvador adquirió en 2011 con Estados Unidos en el marco del Asocio para el Crecimiento.
Con dicho programa, El Salvador fue beneficiado con el Fomilenio I y II, este último la nación norteamerciana le desembolsó 277 millones de dólares para el desarrollo de la zona costera.
En diciembre de 2014, la entonces embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Mari Carmen Aponte, señaló que la saturación penitenciaria era la tercera de cinco metas que El Salvador no había cumplido.
Otro de los compromisos que las autoridades debían consumar era garantizar las medidas de seguridad en los presidios, es decir, reducir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con los que los prisioneros cometían delitos, como homicidios y extorsiones.