La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha logrado desbaratar múltiples estructuras que por décadas se habían enquistado en el Estado guatemalteco, saqueando importantes recursos y volviendo instituciones públicas la caja chica de grupos paralelos al poder.
Según Edgar Ortiz, director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales de Guatemala, este es el mérito principal de esta comisión. En una conversación con El Diario de Hoy, ahondó sobre el impacto de la CICIG, el saneamiento de la política y la necesidad de reformas políticas que recuperen la confianza en el sistema de partidos.
En El Salvador acusan a quienes apoyan una comisión contra la impunidad de golpistas. ¿A qué se puede deber ese tipo de expresiones?
El único motivo para decir eso es generar polarización y desconfianza en torno a la idea de una comisión que investiga de manera imparcial los poderes fácticos y paralelos que operan al margen del Estado.
La afirmación es infundada. Para muestra un botón, lo dicho en el Foro de Sao Paulo, donde la izquierda internacional se pronunció en contra de estas comisiones por considerarlas intervenciones “yanqui” en territorio centroamericano, pero sin ofrecer evidencia alguna.
Si no es injerencia , ¿qué rol ha jugado la CICIG en Guatemala?
En el caso guatemalteco, la misión es la investigación de aparatos clandestinos que operan en el Estado y lo vuelven un instrumento de extracción de recursos. Lo que la CICIG quiere es extirpar esos tumores y derribar esas estructuras que han operado por décadas dentro del Estado, como las aduanas, que han sido cooptadas desde las dictaduras militares en Guatemala. Esa es la misión concreta, no injerencia en las labores del Estado sino monitorear dónde están aquellos agentes que utilizan el aparato estatal para la extracción de recursos.
Sobre el Foro de Sao Paulo, vimos declaraciones fuertes contra estas comisiones. ¿Esta actitud está presente solo en la izquierda?
Uno esperaría que la izquierda reaccione así por su discurso tradicionalmente anti Estados Unidos. Además, gobiernos como los de Correa (Ecuador), Maduro (Venezuela) o Morales (Bolivia) han sido altamente corruptos y usan como primer arma de comunicación la polarización para no afrontar los temas. Pero por otro lado, hay derechas nacionalistas, como en Guatemala, que están en contra de la CICIG y creen que los problemas deben resolverse internamente. Además, la corrupción se encuentra en todos lados del espectro político.
¿Qué apoyos políticos tiene la CICIG y qué actitud ha tomado el nuevo gobierno al respecto?
Desde los escándalos que involucraron al expresidente y su vicepresidenta, la CICIG ha tenido un amplio apoyo en Guatemala. El gobierno tiene la ventaja de que, siendo su presidente (Jimmy Morales) un outsider, no tiene vínculos históricos con irregularidades. En lenguaje coloquial, no tiene cola que le pisen. Incluso ha propiciado que se abran nuevas etapas de investigación.
¿Qué nuevos casos han destapado la CICIG y el Ministerio Público (MP)?
Un caso menos pomposo pero igualmente importante fue el de los “Negociantes de la salud” en el que investigaron actos de corrupción en la compra de medicamentos. Y el caso más importante, “La cooptación del Estado”, empieza a castigar el financiamiento ilícito de los partidos políticos, que también involucra a empresarios que financiaban de forma ilícita a la política. Este caso es paradigmático pues rompe con el morbo de ver a un presidente en los estrados y empieza a traer actores que desde afuera tratan de incidir en el Estado para obtener beneficios personales.
¿Se está saneando la política?
Es muy pronto para decirlo. En el caso de “La línea” de abril de 2015, no hay condenas aún. Sobre el papel, todos son inocentes aún y no ha habido ningún paso tangible. En general sí hay mayor temor de los políticos a incurrir en corrupción y esa puede ser una primera señal de éxito.
¿Se puede esperar que se renueve su mandato si a los gobiernos les incomoda la vigilancia constante?
La lógica te dice que un gobierno débil como el suyo necesita de la CICIG para validarse hacia afuera. Él alaba esta institución para transmitirle tranquilidad a la población. En este caso coyuntural hay un incentivo a renovarla. Además, quedan importantes herramientas de fortalecimiento de investigaciones.
¿Estas herramientas quedan en Guatemala?
Sí, quedan. Es una transferencia de tecnología que hace la CICIG en forma de procesos, capacitación y fortalecimiento de recurso humano.
Si la CICIG llegase a salir, no quedaría un vacío...?
No regresa al punto cero, con la salvedad de que también Guatemala debe la mitad de su parte, que es invertir más recursos en el MP. Esa es la gran oportunidad con estas comisiones. Si el Estado cumple su parte, la capacidad instalada que queda es muy importante.
¿Ha generado complicaciones que los casos de corrupción involucren militares?
No tanto, pues la CICIG ha tocado las partes menos queridas del Ejército y pocos militares de trayectoria y renombre defienden a las personas involucradas. Ha habido un sector corrupto aliado con el crimen organizado que generó grandes estructuras de sobornos. El narcotráfico es la causa principal de la corrupción en las fuerzas armadas.
Sobre el narcotráfico, ¿cuál es la relación de este con el dinero en la política? ¿Cómo se combate?
La lucha contra la corrupción es el camino más efectivo del narcotráfico. El principal daño que hacen no es relativo a las drogas, sino la cooptación y captura del Estado y los altos flujos de dinero ilegítimo en la política. Con eso se puede comprar la voluntad de cualquier político. Esto es fundamental combatirlo con toda la institucionalidad.
¿Por qué luchar por transparentar el dinero en la política?
Por dos razones. Una de justicia: competir en un sistema electoral injusto es difícil para la oferta política. Un político con buenas propuestas no puede competir en un ambiente donde otros compiten con desigualdad de condiciones. Segundo, la transparencia: no sabemos quién financia a los partidos y por qué. Eso facilita el cambio de financiamiento por favores. En anonimato es atractivo usar recursos de todos en beneficio de algunos y en detrimento de las mayorías.
¿Faltan avances en legislación en esta materia?
Sí, porque enjuiciar corruptos no es el fin principal de estos procesos. Además del deseo de justicia, cólera y hasta venganza ciudadana, el enjuiciar es un vehículo para sentar un precedente importante y quitar a los malos elementos del camino. Pero hay que entender que la corrupción es el síntoma y la enfermedad es un sistema fácil de capturar. Hay que cambiar las variables que lo hacen capturable. No hay que tirar el sistema a la basura. Hay que preservar las instituciones y mejorar las variables que lo hacen vulnerable.