La sentencia de la Sala de lo Constitucional que abolió la Ley de Amnistía y que ordena investigar los 32 casos de crímenes contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad y otros hechos de lesa humanidad ha puesto en apuros al Ministerio Público.
“La Fiscalía económicamente no está preparada para hacer las investigaciones correctamente. Si (el Ministerio de Hacienda) no da los fondos lo vamos a hacer (las pesquisas) pero mínimamente”, advirtió este jueves Douglas Meléndez, titular de la institución.
El Ministerio de Hacienda, según el funcionario, le informó que el presupuesto que desembolsará para el funcionamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo año será de $44 millones, cuando lo que la entidad necesita es $80 millones.
“Mantenernos con ese mismo presupuesto para el otro año es darnos un tiro de gracia. A la Fiscalía se le ha tenido ahogada y ahora viene la Ley de Amnistía donde nos van a dar una avalancha de casos... No podemos enfrentarla”, reprochó Meléndez.
A su juicio, es contradictorio que el Gobierno no le destine más dinero, cuando la semana pasada viajó al senado estadounidense (como parte de una comitiva oficial de funcionarios salvadoreños) para gestionar una porción de los $750 millones asignados por Estados Unidos para el plan Alianza para la Prosperidad, que beneficiará a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según Meléndez, en esas reuniones él aseguró que la Fiscalía sería fortalecida, porque uno de los requisitos para que se otorguen los fondos es que las instituciones que combaten el delito sean reforzadas para atacar la corrupción.
El nivel de crimen en El Salvador es “fuerte y grande y lo estamos enfrentando con pocos recursos”, sostuvo el fiscal general. A esto se suma que la institución deberá crear unidades especializadas para investigar los homicidios cometidos durante el conflicto armado, en la década de los 80.
Los delitos de lesa humanidad quedaron fuera de la persecución penal con la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa de la Ley de Amnistía en 1993, dejando a un lado los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional, ambos firmados en enero de 1992.
Crítica por rechazo de antejuicio a embajador
El Fiscal General, Douglas Meléndez, también criticó a los diputados de la Asamblea Legislativa que rechazaron la solicitud de antejuicio contra el embajador de El Salvador en Alemania y exministro de Defensa, general Atilio Benítez Parada.
El Ministerio Público lo acusa de los delitos de venta ilegal de armas, actos arbitrarios, tenencia y portación de arma de fuego y estafa. Los parlamentarios del FMLN y Gana no dieron sus votos para quitarle el fuero diplomático, bajo el argumento de que había inconsistencias en la petición.
“Se manda un mensaje de impunidad desde la Asamblea Legislativa. Él no debe permitir que lo estén protegiendo y debe ir a los tribunales a demostrar que es inocente o culpable”, dijo Meléndez.