El exfiscal general de la República, Luis Martínez, presentó en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), a través de su abogado, un recurso de reconsideración de la multa de $8,964, la cual le fue impuesta por haber recibido favores indebidos, según una resolución del organismo.
Dicha sentencia señala que durante el ejercicio de la función pública, Martínez transgredió el artículo 6, letra a) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) que establece la prohibición ética de “solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, cualquier bien o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, por hacer, apresurar, retardar o dejar de hacer tareas o trámites relativos a sus funciones”.
El exfiscal, de acuerdo al TEG, viajó en aviones del empresario Enrique Rais, a quien el Ministerio Público le abrió varias investigaciones.
Sin embargo, mientras el exfuncionario, algunas veces acompañado por su familia, viajaba en jets privados, la Fiscalía fue archivando los casos contra el empresario, según el TEG.
David Márquez, defensor del exfuncionario, negó que las aeronaves en las que viajó su cliente sean de Rais. Muestra, dijo, es que la Autoridad de Aviación Civil certificó que los aviones en los que viajó Martínez son de una empresa estadounidense que no tiene relación con el empresario.
El defensor de Martínez criticó que el Tribunal de Ética no haya valorado esta prueba pese a que “desvirtuaba los señalamiento” que se han hecho contra su cliente.
Márquez atribuyó las acusaciones a “personas que se vieron afectadas por investigaciones de casos emblemáticos” hechas por el Ministerio Público. La intención de estos individuos (a los que se negó a nombrar) habría sido frenar las pretensiones de Martínez de reelegirse en el cargo.
“Uno de los fiscales que tuvo valentía de procesar a expresidentes, exministros, dueños de medios y todo fue ese señor (Martínez). Si eso le trajo enemigos, ustedes sabrán”, expresó Márquez.
El exfuncionario no pagará aún la multa impuesta por el TEG porque, a decir de su abogado, mientras no se hayan agotado los recursos legales “nada está en firme, esto no está escrito en piedra”.
Fuentes cercanas a Martínez revelaron que pidió al TEG que se recusara el presidente de la institución, Marcel Orestes Posada, y que lo demandará por actos arbitrarios, difamación y calumnia.
Márquez no negó ni confirmó esta versión, pero señaló que Oreste hizo declaraciones, a priori, “irresponsables e infortunadas”, en las cuales atribuyó conductas ilícitas a gente ajena a la investigación.
También criticó que en la resolución se haya violado la ley de Protección a la Niñez al revelar la identidad de parientes de Martínez, quienes son menores de edad.
“Habrá acciones penales y de toda índole contra personas que irresponsablemente hicieron estas develaciones”, aseveró Márquez.