En el 2008 el Ministerio de Economía comenzó a anunciar los precios de referencia de los combustibles. Continúa haciéndolo.
En el artículo "Precios de referencia", publicado el 23 de mayo de 2012, expresé que esa política perjudicaba a los consumidores. Señalé que "el precio de referencia es el caldo de cultivo para que los competidores acuerden (expresa o tácitamente) el precio de sus productos. Cuando el Gobierno anuncia precios de referencia facilita que los empresarios se ajusten al mismo. Los precios de referencia hacen que la competencia en precios desaparezca. ¿Quién pierde? Los consumidores".
En el 2012 la Asamblea Legislativa decretó la Ley de Medicamentos. Ahí estableció que el Estado fijaría el precio máximo de los medicamentos vendidos bajo prescripción.
En el artículo "Ley de Medicamentos y regulación de precios", publicado el 27 de marzo de 2012, expresé que para reducir los precios no era necesario regularlos. La solución estaba en la apertura del mercado. Permitiendo las importaciones paralelas "las droguerías que operan en el país se enfrentarían a mayor competencia y esto presionaría a la baja de precios. Sin embargo, en lugar de esto, se decidió usar precipitadamente el último recurso: la regulación de precios".
El pasado 10 de octubre la asamblea reformó la Ley Orgánica de Aviación Civil. Entre otras cosas se enfatiza el protagonismo de la Superintendencia de Competencia como un ente que puede avalar la regulación de las tarifas del transporte aéreo.
Debido a que el Estado es quien vela por el interés público, algunos justifican que fije precios o determine precios de referencia. Pero no debemos olvidar que el Estado no es un ente abstracto, sabio y bueno.
En el mundo real el Estado son los políticos que controlan sus instituciones. De manera que el precio de referencia o el precio que fija el Estado es el precio de los políticos. Es el que ellos definen desde sus escritorios y curules. ¿Cree usted que los políticos son los más eficientes y justos administradores de la economía? ¿Acaso los políticos se deben en exclusiva al interés público, y carecen de intereses privados que condicionan sus decisiones?
El mercado tiene fallas que deben mitigarse. Pero al señalar tales fallas no debemos creer que la panacea está en el Estado (es decir, en los políticos). Este también tiene fallas.
En el 2011 Venezuela decretó la Ley de Costos y Precios Justos. Su objeto es regular precios "en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital". Para aplicar la ley se creó una nueva autoridad, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
Aparentemente el modelo no funcionó. Hoy el Estado se endeuda para comprar papel higiénico y el ejército salió de los cuarteles para vigilar los supermercados.
Por eso, cuando los políticos nos ofrecen que la solución es que ellos regulen los precios, los ciudadanos debemos ser escépticos y críticos, y las autoridades que defienden el libre mercado deben pronunciarse con firmeza.
En El Salvador, la autoridad que defiende el libre mercado es la Superintendencia de Competencia. Es ella la obligada a evaluar el impacto de las intromisiones del Estado en materia de precios (i.e. medicamentos, combustibles), y quien debe analizar, desde la óptica del libre mercado, las tentativas de regular otros sectores (entre ellos, el transporte aéreo de pasajeros).
La institución debe defender el libre mercado y rechazar que se le instrumentalice para avalar las regulaciones de precios. Eso la desnaturalizaría. La Superintendencia de Competencia es eso, de Competencia; no es una Superintendencia Nacional de Costos y Precios. Esa es la que está allá, en Venezuela.
*Especialista en Defensa de la Competencia.
Twitter: @dolmedosanchez