Un día después que El Diario de Hoy publicó una investigación especial sobre dos homónimos que confundieron a la Policía y la Fiscalía en un caso de intento de homicidio, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a hacer las diligencias para que “se limpie la imagen” de Jorge Alberto Martínez Chávez.
El hombre fue capturado por la Policía el 25 de abril porque tenía el mismo nombre y apellido, y se le atribuía el mismo alias (Wisper) que un cabecilla de pandillas que está prófugo, entre los 100 más buscados por la Policía.
Jorge, quien trabajaba como despachador de microbuses, según la PGR y su familia, murió un mes después. El acta de defunción policial dice que a causa de tuberculosis.
La Policía sigue sosteniendo que el fallecido tenía cuentas pendientes con la justicia, al igual que el pandillero. Pero el expediente por el delito de intento de homicidio que le imputaban contiene una serie de errores. Este se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, La Paz.
“Aunque ya falleció, nosotros (PGR) nos encontramos comprometidos a desvincularlo al hecho, que el hecho no quede en la impunidad”, afirmó Misael Hernández, coordinador penal de la Procuraduría de La Paz en una entrevista con este medio.
Tanto Hernández, como la Procuradora Adjunta de ese departamento, Julia Parada; y Saúl Sánchez, quien fue el defensor público de Martínez Chávez, confirmaron que el 14 de junio presentaron un escrito con las respectivas peticiones al juzgado correspondiente, pues Martínez Chávez, de acuerdo con las indagaciones de PGR, este nunca estuvo involucrado en algún hecho delictivo.
Parada dijo que la familia del hombre puede solicitar una certificación de la resolución que brinde el juez de ese tribunal, Daniel Ortiz Martínez.
Probablemente en la resolución del tribunal se libre de toda responsabilidad penal al hombre ya fallecido, porque él no era la persona que debió ser acusada, especificó en ese sentido Hernández.
Agregó que si la familia decide demandar, esta recaería sobre el Estado, por haber capturado a la persona equivocada.
Los tres representantes de la PGR también denunciaron irregularidades en el proceso que la Policía siguió contra Martínez Chávez, una de ellas, es que esta no notificó a la institución de su detención para que brindaran asistencia legal, sino que ellos enteraron por el padre del hombre, quien se hizo presente hasta la oficina general de la Procuraduría, en San Salvador, luego fue remitido hasta la oficina de La Paz.
“La Policía no nos puso en conocimiento a nosotros ni lo trajo a asistencia acá, sino que fue a través del padre que lo anduvo buscando, y fue de esa manera que logramos obtener comunicación con el padre”, manifestó el defensor público.
Luego que el hombre fue puesto a disposición de Procuraduría, delegados de la institución revisaron los expedientes que están en el tribunal de San Pedro Masahuat, donde determinaron que ninguna de los procesos abiertos contra los identificados como Jorge Alberto pertenecía al ahora fallecido, detalló.
El testigo lo describía de forma diferente
Saúl Sánchez, el abogado que atendió el proceso de Jorge, sostuvo que “Clave Roble Z-14” -la víctima a la que intentaron asesinar-, describía de forma diferente al hombre que la Policía capturó.
Una de las contradicciones de la corporación, que este periódico ya había identificado en la investigación y que también fue reconfirmada por la PGR, es que el fallecido nunca vivió en la colonia Flores de San Luis, tal como aparece en la ficha de captura. En ese mismo documento lo perfilan como pandillero de la MS. No fue pandillero, lo ha asegurado su familia y la PGR.
“Nunca vivió en ningún lugar del departamento de La Paz, eso me lo dijo él. Manifestó también que nunca perteneció a pandillas”, mencionó Sánchez al referirse a la entrevista que realizó a Jorge el 28 de abril.
El abogado, además, afirmó que su defendido no era pandillero, incluso, dijo que cuando lo conoció el hombre estaba sin camisa y no observó ningún tatuaje.
El cabecilla de pandilla que todavía anda prófugo sí tienen un tatuaje en el pecho alusivo a la MS, además, tiene tatuada en la espalda un águila y en el rostro una cicatriz, sostuvo el representante de la PGR.
Roble Z-14, según PGR, dijo en diligencias judiciales que conocía en San Juan Talpa, La Paz, a la persona que quiso asesinarlo desde hace seis años, pero Jorge Alberto ha vivido siempre en Quezaltepeque, La Libertad.
Para que oficialmente el juzgado donde se ventilaba el proceso declarara que existía una confusión de sujeto, había programado el reconocimiento de persona en una audiencia, donde Roble Z-14 pudiera identificar a quién lo habría intentado asesinar.
El reconocimiento estaba programado para el 16 de mayo, pero el juez Ortiz Martínez manifestó que estaba enfermo, por lo que se programó para el 23 de mayo, donde también se aplazó.
El juzgado señaló que la suspensión había sido porque la fiscal asignada a la diligencia, Yamileth del Carmen Serrano no habría realizado las llamadas para que el testigo fuera trasladado, lo que concuerda por lo dicho por la PGR: la suspensión fue a petición de la Fiscalía.
Para el día siguiente también estaba prevista la audiencia preliminar, pero no se realizó, por falta de la diligencia.
Además, el día que fue suspendido el reconocimiento Jorge enfermó, fue trasladado a un centro hospitalario y murió el 25 de mayo en el hospital Rosales.
“Si se hubiese dado esta diligencia, el testigo hubiera dicho ‘no es este’, y a partir de esa fecha ya se aproximaba la audiencia preliminar, donde la misma Fiscalía, de oficio tenía que haber presentado un documento donde ya no era la persona y se declararía como nula. Lamentablemente no se realizó, y él pronto cayó enfermo”, denunció Sánchez.
Policía sigue afirmando que Jorge era delincuente
Días después de la investigación de este periódico, el director de la Policía, Howard Cotto, recalcó lo que anteriormente había manifestado la institución: que los dos Jorge Alberto Martínez Chávez eran delincuentes.
“Sin que esto sea una conclusión, lo que hoy tenemos, habían efectivamente dos personas con exactamente el mismo nombre, pero ambas tenían órdenes de detención de carácter judicial, por diferentes delitos”, justificó Cotto.
El titular de la Policía señaló que en el proceso se hacía una “distinción clara” de los dos hombres, no solo por fotografías, sino por otros datos, como el número de DUI o fecha de nacimiento.
No obstante, sus declaraciones, contrastadas con los documentos adjuntos en las dos piezas del expediente contra Martínez Chávez, el fallecido, establecen lo contrario.
Por ejemplo, en la pieza 1, en el formulario de filiación y antecedentes realizado por la División Técnica Científica de la misma Policía, a excepción del nombre, ninguno de los datos corresponden a la persona detenida, ya que le atribuyen el apodo de “Chivo”, no “Wisper”, tal como la Policía ha señalado.
Además, los nombres de los padres no coinciden con el nombre de los de Jorge -el despachador de buses-. Por si fuese poco, en la identificación que agentes investigadores realizaron, lo ubican en una colonia de San Pedro Masahuat, lugar donde la corporación ha determinado que vivía el cabecilla de pandillas.
A pesar de todas estas incongruencias, Cotto dijo que hay una revisión del caso, para determinar si esto da lugar a una investigación dentro de la Policía, pero que ello no solo depende de la acción policial, sino de la Inspectoría General de la institución.