El presidente Salvador Sánchez Cerén criticó nuevamente a la Sala de lo Constitucional, esta vez por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y la calificó al igual que otras sentencias de “afectar la institucionalidad”.
“Como hemos señalado de manera reiterada ante otras resoluciones de la Sala, estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños la agudizan”, afirmó el mandatario anoche mediante cadena nacional.
Para el gobernante, las decisiones de la Sala “ignoran o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”.
En ese sentido, dijo tener confianza en que el proceso de paz se ha consolidado y es irreversible; además llamó a todos los sectores “comprometidos por la paz, la justicia social y el progreso a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los interes del país”.
Pero no sólo fue el fallo de la Ley de Amnistía por el que el gobernante cuestionó a la Sala, sino también por la inconstitucionalidad de la emisión de $900 millones en bonos que hizo la pasada legislatura.
Acusó de que “con el pretexto de resolver una problemática vinculada con la aprobación de un decreto aprovecharon la ocasión para modificar las reglas de elección de diputados suplentes, en rompimiento de la seguridad jurídica y con efectos retroactivos”.
En ese marco, dijo que su compromiso es trabajar activamente por la unidad nacional en la búsqueda de un nuevo acuerdo de nación y en alcanzar “una agenda de nación en torno a los verdaderos retos que el país demanda”.
Por su parte, otros firmantes de la paz siguen opinando que la derogación de esta ley no es lo más conveniente para el país, ya que puede reabrir heridas y surgir una “cacería”. Ayer, el firmante de los Acuerdos de Paz, Oscar Santamaría, cuestionó que los magistrados hayan declarado inconstitucional la Ley de Amnistía, pues si bien no quedó contemplado el tema en los acuerdos, eso fue parte de “un proceso”.
El voto razonado
También la decisión de la Sala no contó con el voto del magistrado Belarmino Jaime, ya que según se lee en la resolución, él consideró que se trata de una inconveniencia para el Estado.
En ese sentido, reflexiona que si bien los delitos cometidos por ambos bandos durante la guerra, “eran y siguen siendo merecedores de las sanciones legales correspondientes”, defiende que la amnistía tuvo la finalidad de “lograr una reconciliación nacional” y que derogarla tiene sus implicaciones sociales.
“La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía podría provocar desórdenes”, pues ciudadanos “todavía indignados” de lo que pasó pueden impulsar procesos penales en contra de las más altas autoridades del país, entre los que menciona al Presidente y Vicepresidente de la República, ministros, presidentes de autónomas, diputados, designados a la Presidencia, los cuales “podrían llevarnos a situaciones de ingobernabilidad”.