Cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil que se habrían aprovechado de sus cargos en el Centro de Inteligencia Policial (CPI) para manipular información confidencial y documentos oficiales con el propósito de vincular a un grupo de opositores ideológicos con una red de narcotraficantes en el Occidente del país; serán llevados a juicio por esos hechos, según resolvió ayer el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, informaron fuentes judiciales.
Los acusados habrían utilizado información de inteligencia policial para vincular a más de 30 personas, entre políticos, jefes policiales y fiscales, empresarios, jueces, magistrados y un expresidente de la República; a una estructura que traficaba con droga con el propósito de desprestigiar su reputación personal con fines políticos ideológicos, según las investigaciones fiscales.
Fuentes judiciales confirmaron que la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla se conoció después de realizarse la audiencia preliminar en contra de un subcomisionado, dos inspectores y un sargento de la Policía.
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Sin embargo, los cuatro oficiales seguirán en libertad, pero deberán de cumplir con una serie de prohibiciones como no salir del país, no podrán cambiarse de domicilio y no acercarse a los testigos y personas que aparecen mencionadas en el proceso judicial y tendrán que presentarse de forma periódica a un tribunal, de acuerdo a las fuentes judiciales.
El caso anterior muestra el mal uso que funcionarios del Gobierno anterior les dieron a los servicios de Inteligencia, ya sea del Estado y de la Policía, para hacer espionaje y persecución política; así como, para denigrar la imagen de sus opositores políticos y de quienes no profesan con su ideología, según coincidieron el diputado por ARENA, Mauricio Vargas y el criminólogo Carlos Ponce.
Pese a que los oficiales de la Policía son procesados judicialmente, las autoridades de la Policía no les han abierto un proceso disciplinario por mal utilizar recursos institucionales de la corporación y además, por haber divulgado públicamente información considerada como confidencial relacionada a una organización criminal.
Otro de los casos en los que además de haber usado a la inteligencia policial también se aprovecharon de la Inteligencia del Estado fue para promover la tregua entre las pandillas.
Las autoridades policiales permitieron el uso de vehículos, viáticos, teléfonos celulares para que dos inspectores de la Policía acompañaran a los autodenominados mediadores de la tregua a las reuniones con los cabecillas de las pandillas en el penal de Zacatecoluca.
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Los hechos anteriores demostraron, según los denunciantes, que funcionarios del Gobierno anterior desnaturalizaron los verdaderos fines para los que fueron creados los servicios de inteligencia como por ejemplo la detección del accionar delincuencial y las amenazas o los riesgos que podría enfrentar el Estado salvadoreño.
Carlos Ponce, criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, señala que la seguridad pública y los servicios de la inteligencia “están en manos, no de las personas mejor calificadas, sino de personas que son incondicionales del partido oficial (FMLN)”.
Señala además que los servicios de inteligencia se “han desviado totalmente de su camino que es el de analizar información desde una perspectiva estratégica, que permita orientar el trabajo gubernamental y policial de mejor manera”.
En ese sentido, Ponce considera que esos servicios se “han dedicado a hacer espionaje político y a perseguir, y hasta acosar, a personas que consideran representan un obstáculo para el oficialismo” como en el caso de vincular a los que consideraban opositores políticos ideológicos con una organización que traficaba drogas en el Occidente, sin que tengan nada que ver con esos grupos.
Por su parte, el diputado por el partido ARENA Mauricio Vargas señala que hacen uso de la institucionalidad del Estado para causar daño a sus opositores políticos ideológicos con la creación de “diagramas de estructuras criminales y por ahí aparecen personas que son los objetivos a deslegitimar y desprestigiar, lo que se llama un sicariato moral y que luego salen en las redes sociales, se filtran informaciones que no son muy veraces, sino que tienen la intencionalidad de dañar esos objetivos especificos”.
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A juicio de Vargas, los servicios de inteligencia están jugando un papel muy importante para que el partido de izquierda pueda llevar al país al socialismo del siglo 21 que se pretendía instaurar en Venezuela.
“La utilización de la inteligencia al servicio de un proyecto, el proyecto es la teoría del caos o la historia de las grandes crisis que propicien un cambio en la dirección del socialismo del siglo 21 (como en Venezuela)”, asegura Vargas, quien agregó que se está politizando las instituciones del Estado porque “dentro de estos organismos está primando la partidocracia y la función de meritocracia está siendo dejada de lado”.
Agregó que “éstos son puntos de avances del Socialismo del siglo 21, esta es toda una estrategia que está desarollada. Todo esto esta desarrollado en un término sencillo para que la gente lo entienda: la consolidación del socialismo del siglo 21, la inteligencia, la institucionalidad, el camino de la crisis económica- política social, son elementos sustantivos que llevan a esa condición y a esa situación”.
En ese sentido, Vargas cree que las personas en estos sistemas (de inteligencia) solo llegan a cumplir órdenes superiores y no a cumplir una tarea que tendría que derivarse de una preparación académica a nivel universitario.
“Entonces ponen a personas afines al partido de gobierno para que cumplan con objetivos políticos y utilizan la institucionalidad para dañar a cualquier persona que no comulgue su ideología”, dice Vargas.
Ponce considera que en la administración presidencial de Mauricio Funes se pudo “observar una clara persecución de oficiales de Policía y de empresarios” a través de la inteligencia policial.
Esa situación siguió durante la tregua entre las pandillas, señala Ponce, cuando los servicios de inteligencia fueron utilizados para “operar la iniciativa desde la clandestinidad y esconder así el pacto de carácter político que se entabló con las estructuras criminales”.
En respuesta a las consideraciones de Vargas y Ponce con relación al supuesto mal uso de los servicios de inteligencia, el director de la Policía Howard Cotto consideró que es la apreciación muy particular de ellos, quienes tienen el derecho de opinar.
“Es una descontextualización sobre ese tipo de opiniones, pero igual cada quien puede opinar lo que quiera, yo no las comparto”, dijo Cotto, quien aseguró que en ningún momento se ha hecho mal uso del Centro de Inteligencia Policial (CIP).
Sin embargo, a juicio de Vargas, los servicios de inteligencia están siendo utilizados para poder implementar un proyecto político ideológico como lo es el socialismo del siglo 21 a través de lo que él llama “la teoría del caos y la historia de las grandes crisis”.
Consideró que la inteligencia de Estado tendría que estar más atenta a a las amenazas y los riesgos que enfrenta la soberanía nacional. “Cuando se habla de la inteligencia, dijimos la institucionalidad al servicio de un proyecto y si comenzamos con la inteligencia eso es una pieza del rompecabezas, lo triste de la inteligencia es que no dicen absolutamente nada de la isla Conejo, que es la irreductibilidad del territorio, es la amenaza que tenemos en el territorio marítimo, ahi tiene que estar la inteligencia de Estado”.