Los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y particularmente la derogatoria de la Ley de Amnistía, incomodaron ayer a los diputados de todos los partidos políticos al punto que plenaria inició hasta en la tarde y fue fugaz. Aunque dijeron estar en desacuerdo con los razonamientos que dio la Sala, no tienen otra alternativa que acatar la sentencia.
El diputado de ARENA y abogado René Portillo Cuadra, explicó que la Sala falló también en declarar inconstitucional la Ley de Reconciliación Nacional, y se pregunta cuáles fueron los parámetros que tomaron en cuenta los magistrados para resolver que no gozarán de amnistía todos los “hechos sucedidos desde el primero de junio de 1989 al 16 de enero de 1992”.
“Desconocemos cuál fue el argumento cronológico o técnico para que los delitos de 1989 hacia abajo no pueden ser investigados”, acotó.
Y mucho más grave, según lo expuesto por Portillo Cuadra, es que al derogar la Ley de Amnistía el país podría quedarse sin Presidente de la República y sin gabinete de gobierno. “Lo único que nos queda es cumplirlo, esperemos en Dios que no nos vayamos a quedar sin presidente y sin gabinete, porque esta situación abre la posibilidad que sean enjuiciados presidente, vicepresidente, la mitad de los diputados de la vieja guardia de la Asamblea Legislativa, la mitad de los ministros del Estado”, afirmó.
La situación es tan delicada, según añade el tricolor, es que lo que la Sala ha destapado puede tener “efectos y proporciones que todavía no nos hemos imaginado”.
Dijo que sólo queda esperar quién activará las investigaciones por los delitos de lesa humanidad, si la Fiscalía actuando de oficio o por medio de las demandas ciudadanas de quienes se sientan “víctimas” de los hechos ocurridos en la época de la guerra.
Guillermo Gallegos, de GANA, dice que la sentencia hay que cumplirla pero “se viene prácticamente una “persecución penal contra exmilitares y gente de derecha” y que verán qué decisión tomarán como Asamblea.
Entre los diputados también hay militares como el Coronel Antonio Almendáriz, del PCN, y el General Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA, para quienes la sentencia de la Sala si bien los deja expuestos también les da la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio.
“No digo que me alegre lo que está pasando, pero me permite limpiar mi nombre de algo que se me imputó sin haberme juzgado, por mí esto a mi favor está bien, pero por mis compañeros no”, reflexionó Almendáriz.
Recordó que a él se le acusó en el pasado cuando estaba de alta en el Ejército durante la época de la guerra, de haber “encubierto un asesinato”, lo cual rechaza y argumenta que hoy con la derogatoria de la Ley de Amnistía tendrá la oportunidad de aclarar.
Pero el diputado pecenista señala que ha habido un “exceso de la Sala” e incluso que los magistrados mismos han violado la Constitución, lo cual podría ser constitutivo de “prevaricato”, y la única manera de poder demostrarlo es que alguien denuncie en la Corte Plena de la CSJ.
“Lo que se estaba viendo era la Ley de Amnistía de los militares, y por qué tocan al final la Ley de Reconciliación que era para el Frente, no tenía nada que ver, les está hablando un militar, allí se miran los excesos de la Sala”, justificó Almendáriz.
Vargas dijo que ahora “habrán sillas para todos, unos por acción y otros por omisión”, y que se profundizará la polarización en el país.
La diputada y exguerrillera del FMLN, Nidia Díaz, consideró que la Ley de Amnistía “nunca fue constitucional”. Ella, quién también fue firmante de la Paz en 1992 , dijo que acatarán la sentencia de la Sala y espera que la Fiscalía siga un proceso sin otras motivaciones. “En este contexto se puede administrar la paz, la estamos construyendo, somos gente madura y hay un compromiso por sacar adelante al país”, puntualizó.