Firmante de los Acuerdos de Paz, Samayoa critica la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía de 1993, pero cree que hay actuar con sensatez y ver hacia adelante
Salvador Samayoa, exmiembro de la Comisión Político-Diplomática de la exguerrilla del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, dice que la sentencia de la Sala de lo Constitucional contra la amnistía de 1993 “está equivocada”. A su juicio, ningún tratado o ley obliga al Estado salvadoreño a desconocer una amnistía que era necesaria para sellar la reconciliación en esa época.
Sin embargo, Samayoa considera que ahora hay que actuar con sensatez y ver para adelante.
Estas son sus impresiones para El Diario de Hoy:
¿Cómo valora la sentencia contra la amnistía de 1993?
No conozco la sentencia porque no la habían publicado, sino sólo un resumen. Creo, por el resumen, que la Sala hizo un argumento principal que está equivocado, es decir, la obligatoriedad del Estado salvadoreño de considerar como no amnistiables los delitos de lesa humanidad. Creo que ese es un error jurídico.
¿En qué consiste este error?
No hay ni un solo tratado o ley internacional que diga que tal o cual tipo de delitos puede o no puede entrar en una ley de amnistía. El Salvador está obligado en esos temas de Derecho Penal únicamente al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, el cual recientemente ratificamos y no tiene vigencia retroactiva; está obligado también a la Convención Americana de Derechos Humanos y en ella tampoco hay una sola disposición en ese sentido. Y está también obligado de manera distinta por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ha emitido sentencias en las que argumenta que esos delitos no deberían ser parte de una ley de amnistía, pero esta es sólo una opinión, una corriente de Derecho Internacional que los magistrados de la Corte Interamericana han utilizado para argumentar sus sentencias, pero esto no está escrito en ningún convenio o tratado que El Salvador haya firmado, ratificado o adherido.
El derecho de las víctimas se contrapone con la decisión del Estado…
Hay quienes argumentan que con la amnistía se ha conculcado, suprimido, pisoteado, negado el derecho de las personas a la justicia. Esto es cierto. Una amnistía implica un acuerdo, que siempre es político, al término de todas las guerras, para no llevar procesos penales por crímenes ocasionados en la guerra. Una persona que fue víctima queda con ese derecho negado. Es cierto que el derecho y el interés de los familiares de las víctimas son legítimos, pero también es cierto que el Estado tiene un derecho y un interés también legítimos y probablemente de orden superior. En un caso como el nuestro tan legítimo era que una persona buscara justicia por el asesinato de un pariente, como legítimo y necesario era que el Estado parara la matanza. Este era un bien, un imperativo moral de orden superior.
Pero se alega que eso favoreció la impunidad…
Algunos argumentan que por qué había que parar la matanza con impunidad. Este no es el caso. La política real nos dice que no puedes firmar un acuerdo de paz con una parte y decirle: “¿sabes qué? Fírmame aquí, pero mañana voy a enjuiciarte y a llevarte a la cárcel a ti y a todos tus compañeros… ¿Me vas a firmar o no me vas a firmar?”. No te lo firma nadie. En El Salvador se firmó el acuerdo sin que hubiera una amnistía, pero con una perspectiva muy clara de que la habría en los meses posteriores.
Yo creo que la amnistía jugó un papel que definitivamente le ha negado derecho de justicia penal a las víctimas, pero ha jugado un papel en el orden moral y también en el orden del Derecho de la sociedad salvadoreña.
¿Cuál era el contexto de la realidad de esa época?
Le voy a sintetizar cómo estaba la situación. Yo puedo comprender que una persona que tenga 30 ó 35 años de edad y que, por tanto, tenía seis años u 11 o 15 años edad cuando se firmó la paz y se decretó la amnistía, pueda tener consideraciones más abstractas, pero los adultos que comienzan a ser mayores no tienen derecho de ignorar cuál era la situación del país. Yo se los voy a recordar: 1. en marzo de 1993 la Fuerza Armada de El Salvador estaba intacta, con todo su poder, no se había depurado a un solo oficial como lo había recomendado el informe de la Comisión Ad Hoc que se entregó al entonces presidente Cristiani en enero de ese año. 2. No había desplegado aún la nueva Policía Nacional Civil; la primera promoción sale en septiembre. 3. No se había elegido una Corte Suprema con las reglas nuevas de los acuerdos de paz. 4. Todavía no se había tenido una elección para presidente o diputados con los nuevos acuerdos del Tribunal Supremo Electoral... Todo lo del acuerdo de paz era vulnerable y reversible. El poder del Ejército estaba intacto. Estoy convencido de que si estos señores no hubieran tenido la ley de amnistía era bastante probable que el conflicto hubiera seguido y hubieran buscado la manera incluso de derrocar al gobierno y nos hubiera ido peor a todos porque se hubiera prolongado la matanza y habría sido más encarnizada.
¿Qué se debe hacer de cara al futuro?
El peligro es que comience una cadena interminable de demandas judiciales. Pueden demandar al presidente Sánchez Cerén o al expresidente Cristiani. Y un contingente político que ve que a uno de sus dirigentes le ponen una demanda judicial de ese tipo no se va a quedar con los brazos cruzados y le va a poner una demanda a un dirigente del otro sector. Entraríamos en un proceso de consumir la energía del país en voltear a ver los crímenes del pasado. Eso no sería bueno para el país. Hay que actuar con prudencia. Las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento. A mí no me gusta para nada esta sentencia, me parece que está extralimitada, mal argumentada, mal fundamentada, pero hay que cumplirla. Eso significa que en lo sucesivo cualquier persona o entidad de derechos humanos va poder entablarle un juicio a cualquier dirigente del tiempo de la guerra. Ante eso no podemos hacer nada a nivel de la sociedad civil. Sólo esperar que haya la mayor sensatez y que no se entablen demandas con resentimiento, con odio, con sentido de venganza política. Si algún ciudadano se siente agraviado, que lo haga, pero que no sean las organizaciones políticas e incluso las de derechos humanos, que navegan con bandera de pureza y que muchas veces también tienen sus propios intereses a la hora que promueven determinado tipo de cosas.
Yo quisiera que actuáramos con responsabilidad política, sin dramatismos, que viéramos la sentencia de la Sala como un desbloqueo para juzgar cosas.
Yo veo poco probable que a hechos que ocurrieron en los 80, 30 ó 40 años se les pueda hacer una investigación. En el caso, por ejemplo, de El Mozote se pudo hacer una investigación forense que comenzó hace tiempo porque se trataba de una cosa masiva donde estaba una materialidad del delito enterrada que podía ser objeto de investigación. Pero en la mayor parte de crímenes de la década de los 80 yo veo muy difícil la viabilidad de una investigación técnica, policial o forense que pueda aportar elementos de juicio probatorios para la culpabilidad de alguien. No se debieran emprender juicios que no tienen probabilidad alguna de éxito.
En síntesis, ¿será lo mejor dejar atrás la guerra?
Yo creo que la guerra hay que dejarla detrás y creo que El Salvador la ha dejado atrás. Aquí no volvimos a tener ya violencia política en ese sentido; hay personas que siguen viviendo en el pasado y tienen su derecho a decir lo que quieran, a pedir lo que quieran y a demandar lo que quieran. Yo creo que el conjunto de los salvadoreños, de la población y de las fuerzas políticas no está en esto; han pasado página. Demasiados problemas tenemos hoy como para además estar viendo y ocupando la energía del país en los problemas de antes. Uno ve, por ejemplo, lo saturada que está la Fiscalía, que si no puede resolver ni el crimen de la semana pasada, ¿ahora va a poder resolver un crimen de 1980?
Las instituciones, la población, las fuerzas políticas han pasado página para el proceso de paz. Es cierto que eso significó la amnistía, dejar sin juzgamiento muchos delitos, graves delitos, monstruosos delitos, eso es cierto, pero así ocurre en todas las guerras al finalizar; y de hecho, el único instrumento internacional de los que El Salvador está obligado (a cumplir) que habla de amnistía es el Protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que es el que norma en derecho internacional los conflictos armados internos en los países. Ese protocolo dice que los gobiernos, al término del conflicto, procurarán amnistías lo más amplias posibles para que puedan consolidarse la paz en los países.
El Salvador, cuando propuso la Ley de Amnistía, tenía detrás todas las resoluciones de los presidentes centroamericanos: los Acuerdos de Esquipulas y Esquipulas II, que en ese momento toda la comunidad internacional estaba de acuerdo, sin excepción, y la comunidad de derechos humanos también estaba de acuerdo con eso; y esas resoluciones, todas, instaban a los gobiernos a procurar y a propiciar procesos de amnistía como parte de la solución a los conflictos armados; ese era el ambiente que había. Tanto la ley internacional, que era el protocolo segundo adicional como las resoluciones de los organismos regionales, de Naciones Unidas, todos estaban abocándose a una Ley de Amnistía, en ese contexto se dio la Ley de Amnistía. No se puede venir ahora, tantos años después, a decir que fue antojadizo o que fue arbitrario, o que le salió de las pistolas a alguien aprobar una Ley de Amnistía.