El primer día de reuniones de la comitiva oficial del gobierno salvadoreño y el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, con senadores y otras instituciones públicas en Washington, EE. UU., ha dejado pocos detalles del informe rendido sobre la inseguridad en el país y que está enmarcada en la gestión de fondos vía la iniciativa Alianza para la Prosperidad.
Ayer se abordó al fiscal Meléndez al salir de una de las reuniones pero aclaró que no podría dar mayor información de manera independiente porque asistía a Washington como parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSP).
“Yo he venido como parte del Consejo de Seguridad Ciudadana y estamos abordando con las autoridades aquí la problemática de seguridad; es lo que le puedo decir hasta el momento”, dijo el Fiscal Meléndez, al responder a preguntas de cómo están viendo el país sus interlocutores en la capital estadounidense.
Meléndez solo aseguró a El Diario de Hoy que en las reuniones se les explicó a los legisladores y otros funcionarios del gobierno estadounidense la situación de inseguridad en el país y el beneficio que tendría la donación de la iniciativa regional.
Por el lado del gobierno, el canciller Hugo Martínez, quien encabeza la comitiva, prometió dar declaraciones al final de la jornada pero al cierre de esta nota no se había podido entrevistarlo.
Para hoy está prevista una conferencia de prensa de la delegación, en la que el Fiscal Meléndez dijo se expresará tener una postura conjunta.
La delegación realiza una gira Washington como parte de las gestiones para lograr el desembolso de los recursos prometidos por EE. UU. para la Iniciativa Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de C.A. que incluye también a Guatemala y Honduras.
El motivo de la visita
Los otros países también hacen lo suyo para asegurar la mejor tajada de los $750 millones. De hecho, ayer el propio presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha encabezado en Washington una serie de encuentros en los mismos recintos legislativos y de la administración del presidente Barack Obama como parte del avance en el tema que se debe presentar en Washington para la liberación del efectivo aprobado.
Para ello, la comitiva salvadoreña sostuvo una serie de reuniones en varias oficinas del Senado y de la Casa de Representantes, así como del Departamento de Estado.
La delegación la integran además del canciller Martínez, el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, el diputado del FMLN, Misael Mejía, el secretario técnico Roberto Lorenzana, y el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la seguridad Hato Hasbún, y Rafael Castellanos, miembro del CNSCC.
La visita está enmarcada en afianzar los fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para echar a andar la Iniciativa Alianza para la Prosperidad, la principal apuesta del presidente Obama para reducir las migraciones irregulares hacia esa nación.
El Congreso ya aprobó $750 millones de dólares, como parte de la petición de 1 mil millones que había requerido el gobierno de Obama para invertirlos en C.A.; sin embargo, la bolsa aún no está disponible, pues estaría condicionada al trabajo de carpintería que deben hacer los tres países receptores antes de poner en marcha el plan regional.
Declaración del senador
Desde la oficina del senador Thomas Carper tampoco surgieron muchos detalles de lo hablado con la delegación salvadoreña. A través de una declaración emitida, el también jefe de la minoría del Partido Demócrata en el Comité de Seguridad Nacional y Relaciones Gubernamentales del Senado, confirmó que había recibido a la comitiva al medio día de ayer en su despacho situado en el edificio Hart.
Según el escrito compartido con El Diario de Hoy, la reunión se ha enmarcado en discutir los esfuerzos en curso para contrarrestar el clima de inseguridad en El Salvador.
A la vez, dice que sirvió para valorar las estrategias para abrir oportunidades económicas en El Salvador con el objetivo principal de disminuir las migraciones de indocumentados hacia los Estados Unidos, un punto focal en la iniciativa estadounidense anunciada en 2014 y tutelada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta fue precisamente la propuesta del presidente Obama a los mandatarios centroamericanos al estallar la “crisis humanitaria de los niños inmigrantes no acompañados”, en la frontera sur con México, en el verano de ese año y que puso en relieve el ambiente caótico en la región con los problemas de pobreza e inseguridad.
Luego del estallido mediático que provocó la crisis en la frontera, el senador Carper fue uno de los primeros funcionarios de la Cámara Alta del Legislativo estadounidense que se embarcó en un viaje por la región centroamericana para conocer de primera mano la situación de los países del Triángulo Norte y producto de esa observación presentó en diciembre un informe al Senado titulado: “Vecindarios fuertes, fronteras fuertes” en el que plasma las causas de las migraciones irregulares desde Centroamérica.
“Durante mi tiempo en el Triángulo del Norte, he visto de primera mano cómo la violencia y la falta de seguridad, las oportunidades económicas, y la esperanza para el futuro ha llevado a muchos padres a hacer lo impensable - poner a sus hijos en manos de contrabandistas para emprender un peligroso viaje de 1 mil 500 millas hacia los Estados Unidos”, dice el senador, quien avala la millonaria donación.
El senador también recoge en el estudio de 46 páginas, que elaboró para dar sustento técnico a la iniciativa regional para la que el Senado aprobó los fondos, que Estados Unidos también debe hacer un trabajo fuerte con el tema del mercado de las drogas que son una de las vertientes de la problemática en el istmo.
Agregó que la buena cooperación con México en el tema de protección de fronteras ha empezado a dar resultados para disminuir los flujos migratorios, pero que todavía no representa éxito, pues equivaldría a poner una venda en una herida abierta.