Esta semana, este rotativo publicó una nota relacionada al caso de Pedro Antonio González (empresario) y Saúl Eduardo Moreira, que ilustra los riesgos, consecuencias y errores asociados con la incorporación de personal castrense en tareas de seguridad pública.
González y Moreira fueron heridos de bala por una patrulla de soldados el viernes 20 de septiembre, sobre el bulevar Arturo Castellanos. Las lesiones provocaron la muerte de González y dejaron inmovilizado a Moreira, quien aún tiene proyectiles alojados en la columna vertebral y un pulmón. Según el artículo de este periódico, existen diferencias entre la versión de la Fuerza Armada y la de los abogados, el juez y la Fiscalía. La institución castrense argumenta que los soldados atendieron gritos solicitando ayuda, encontrándose a uno de los individuos antes mencionados sosteniendo "un arma de fuego en forma amenazante contra las personas que pedían auxilio". Al ordenarle alto, el sujeto corrió hacia un vehículo en donde estaba la otra persona que resultó lesionada en el incidente, quien también sacó un arma de fuego y ambos apuntaron contra el soldado. Después de repetir "los comandos de prevención", se escucharon disparos al interior del automóvil e inició la marcha. En ese momento, los soldados procedieron a disparar contra las llantas y el parabrisas del automotor, hiriendo de gravedad a ambas personas.
Según el abogado de las personas lesionadas, sus armas contaban con los permisos respectivos, ambas fueron encontradas por la Policía abajo de los asientos y nunca fueron disparadas. El equipo de inspecciones oculares únicamente encontró casquillos de los fusiles automáticos de los soldados. Una mujer que viajaba con González y Moreira relata que todo el altercado inició por un hecho relativamente trivial, cuando González intentó orinar frente a un chalet en el que se encontraban las personas que los soldados aseguran que gritaron pidiendo auxilio. El intercambio de insultos escaló a un punto en el que González amenazó a las personas. Sin embargo, la mujer sostiene que sus acompañantes nunca dispararon sus armas.
Los soldados, sin duda, se toparon con una situación complicada, pero no la manejaron de forma adecuada. El juez Francisco Escoto opina que la intervención no fue "normal" y argumenta que las lesiones fueron hechas con la intención de matar, por lo que cambió el delito por el que son acusados los soldados de lesiones a intento de homicidio. Las evidencias encontradas en el lugar en efecto revelan que la respuesta de los soldados fue excesiva, ya que para neutralizar a dos personas con armamento inferior, realizaron una desproporcional cantidad de disparos. Según la inspección de la escena, el vehículo presentaba 17 perforaciones de proyectil del calibre utilizado por el fusil M-16.
Las acciones de las personas lesionadas en el hecho, ameritaban una intervención, pero su inadecuado abordaje las convirtió en víctimas. El trabajo de los policías es complejo, porque deben de saber enmarcar sus acciones, por más difícil y peligroso que sea el contexto, dentro de los procedimientos y normas de actuación establecidas en el sistema de justicia penal, para asegurar que las personas que quebrantan la ley reciban su castigo. Malos procedimientos echan todo su esfuerzo al traste y, por lo tanto, promueven la impunidad, erosionan la confianza ciudadana y debilitan al aparato de seguridad.
La formación de los policías se enmarca en esta premisa y se diferencia de la de los soldados en que son preparados para lidiar con situaciones específicamente relacionadas a la seguridad pública, dentro de un entorno en el que gozan de un relativamente elevado nivel de discrecionalidad, en donde es muy fácil cometer errores.
Utilizar a la Fuerza Armada en tareas policiales puede sonar atractivo, pero conlleva consecuencias negativas similares a las del incidente antes planteado, especialmente para la misma institución castrense.
*Criminólogo
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