Hace unos cuantos días, La Prensa Gráfica publicó un reportaje sobre cómo las pandillas han incursionado en la distribución de agua envasada. Según la nota periodística, un informe del Centro de Inteligencia Policial revela que varias clicas que operan en diversas colonias de Apopa, Soyapango, Ciudad Delgado, San Salvador y San Martín, llenan con agua de "dudosa procedencia" botellas de cinco galones de color azul, que tienen una calcomanía que lee "Grisal", y la distribuyen "casi a la fuerza" en la zona, vendiéndola entre $6-$1. El reportaje consigna que a finales de este año, los pandilleros comenzaron a amenazar a otros distribuidores de agua (incluyendo a los que trabajan para Grisal), con el fin de monopolizar el negocio.
Según el rotativo, además se investiga a las pandillas por la comercialización de granos básicos y la operación de tiendas, ya que hay indicios que han desplazado con amenazas a los comerciantes para apoderarse de sus negocios y que venden productos robados. Esto evidencia una peligrosa evolución, ahora dichas agrupaciones están involucradas en patrones y modalidades delictuales más complejas y lucrativas.
He advertido con vehemencia, en diferentes espacios, cómo los recientes abordajes oficiales de la seguridad pública, acelerarían y harían inminente este nivel de desarrollo en las pandillas.
La negociación entre el Gobierno y las pandillas, es un precursor importante a través del cual se crearon las condiciones propicias para apresurar la evolución de las estructuras criminales. Las recientes declaraciones de Douglas Moreno, exviceministro de Justicia y Seguridad Pública y exdirector de Centros Penales, durante la administración de David Munguía Payés (artesano de la negociación con criminales), permite vislumbrar los torcidos pilares sobre los que ha descansado la política de seguridad del Gobierno durante los últimos años, responsables de la maduración, fortalecimiento y sofisticación de las pandillas en el país.
Las breves declaraciones de Moreno esbozan el deterioro de la seguridad pública en El Salvador, que implicó el abandono del trabajo comprometido, técnico y honesto, por una salida rápida, basada en crear la ilusión de que la criminalidad disminuye mientras, tras bambalinas, el Estado interactúa con criminales de forma diferente, siendo permisivo e intercambiando beneficios, muchas veces más allá de los límites de lo legal. El exfuncionario habla sobre redes de prostitución al interior del sistema penitenciario, amplia corrupción y un exceso de concesiones en el marco del pacto pandillero.
En el pasado también he advertido cómo la historia demuestra que en este tipo de iniciativas, el tiempo se encarga de sacar a luz pública y castigar a los funcionarios y demás personas involucradas en las negociaciones entre el Estado y estructuras criminales. Parece que en El Salvador esto se dará más temprano que tarde.
El Diario de Hoy, en agosto pasado, publicó un artículo en el que argumenté que Nelson Rauda y Douglas Moreno eran los protagonistas más flacos de la gran mentira oficial conocida como "la tregua" y, por lo tanto, a los que se les iban a pegar primero las pulgas que soltó Ricardo Perdomo al tratar de marcar diferencia con su antecesor. Moreno y su clara intención por confrontar públicamente con sus antiguos superiores y revelar verdades incómodas y potencialmente devastadoras, ha abierto la puerta para que las pulgas se le vayan pegando también a los más gordos de la historia. Abandonar a Rauda y Moreno puede convertirse en el peor error de Perdomo, Munguía y hasta Funes.
La pronta respuesta e interés evidenciado por la Fiscalía a través del citatorio inmediato de Moreno por sus declaraciones públicas, marca un importante avance en el esclarecimiento de la negociación entre el Estado y grupos criminales. Ahora todo está en manos del fiscal y su equipo. Sobre ellos descansa la responsabilidad de decidir hasta dónde llegarán las pulgas.
*Criminólogo.
@cponce_sv