Esos delitos podrían haber sido cometidos por funcionarios o empleados de Casa Presidencial al negar u ocultar información y documentos requeridos por la Fiscalía.
Recientemente, el Fiscal General, señaló a Casa Presidencial de haber proporcionado información incoherente sobre la identidad del conductor de la camioneta placas P19-966.
Además de lo anterior, según la Fiscalía, quienes se conducían en la camioneta habrían alterado la escena del crimen al bajarse y retirar la motocicleta en la que se conducía Cruz García, y luego continuar su marcha. Con ello habrían cometido el delito de fraude procesal.
En este caso, de acuerdo con abogados consultados, la actitud de los ocupantes de la camioneta de la Presidencia de la República también podrían haber incurrido en el delito de omisión del deber de socorro, puesto que se limitaron a retirar la motocicleta para continuar su marcha.
Luego de que la Policía fuera informada del accidente, un retén policial logró detener la camioneta a la altura de un centro comercial.
Sin embargo, minutos después, al menos cuatro hombres armados, que se identificaron como miembros de la seguridad de Casa Presidencial, a bordo del pick up placas P311-504, propiedad del Ministerio de Defensa y asignado al Estado Mayor Presidencial, amenazaron a los policías que en el retén habían retenido la camioneta con la que fue atropellado Cruz García, quien deja en la orfandad a una niña de tres años.
Los guardias de seguridad de la Presidencia remolcaron la camioneta. Tres días después, ellos mismos la entregaron a la Policía bajo cuyo resguardo se encuentra, según fuentes policiales.
Un allanamiento anunciado
A más de dos meses de que ocurrió el accidente, la Fiscalía se presentó el lunes anterior a Casa Presidencial con la intención de obtener la información que, de acuerdo con el Ministerio Público, Capres no les había querido entregar.
Antes de ejecutar la diligencia, la propia Fiscalía indicó que en horas de la tarde iría a la casa de gobierno en busca de documentos relacionados a la investigación del accidente en el que murió el motociclista.
La Fiscalía buscaba decomisar el libro en el cual se registran las entradas y salidas de vehículos de la Presidencia, pero se retiraron con las manos vacías, luego de que les dijeran que esa documentación estaba en poder del Estado Mayor Presidencial, cuya sede está en la antigua casa presidencial, en San Jacinto.
Sobre lo anterior, ayer el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, reiteró que entregar esos documentos correspondía al Estado Mayor Presidencial, que podían llegar en el momento que quisieran para revisar en el lugar los libros o llevárselos, si eso preferían.
No obstante, según abogados consultados, el Estado Mayor Presidencial depende técnica y operativamente de Casa Presidencial, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Estado Mayor Presidencial.
Por su parte, Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, dijo que ellos estaban acatando la reserva que, según la Fiscalía, tenía el caso.
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A pesar de la reserva de la que la misma Fiscalía ha dicho que tiene la investigación y de lo cual ha hecho eco el secretario de Transparencia, ayer, el abogado del motorista de la Presidencia tenía el croquis elaborado por la Policía sobre la forma en que ocurrió el accidente, según afirmó Henríquez, el abogado de la familia de la víctima.
Según Henríquez es contradictorio que la Fiscalía diga que tiene bajo reserva la investigación y que a él no le hayan permitido el acceso a las mismas, pero Vargas Acevedo, el abogado del empleado de la Presidencia, se los enseñó ayer para aducirles que el culpable del accidente había sido el motociclista.
Ayer, luego de que el acuerdo se hubiera concretado tras firmar un acta notarial por los parientes de la víctima y su abogado, Vargas Acevedo dijo que él representaba al conductor de la camioneta, como abogado particular, y que no era empleado de Casa Presidencial.
Vargas Acevedo es director suplente de la junta directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia, en representación del Ministerio de Gobernación, según el portal de Transparencia Activa.
Además, según documentos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es apoderado judicial del partido FMLN.
Ayer, poco después del mediodía, Mario y Blanca, padres de motociclista, dijeron sentirse satisfechos con el arreglo a pesar de que ello no les devolvía a su hijo.
Mario Alberto era el único que les ayudaba económicamente a Mario y Blanca quienes viven como colonos en una casa de bahareque y lámina en un terreno del cual no son propietarios.
Los ancianos lamentaron que hubiesen tenido que pasar más de dos meses y de andar de un lado para otro, a veces citados por la Fiscalía, a veces citados por el abogado del responsable de la muerte de su hijo, para poder llegar a un acuerdo.
Incógnitas sin respuestas
Estas son las preguntas que todavía no resuelve la Presidencia de la República.
1) ¿Quién era el funcionario que se transportaba en la camioneta de la Presidencia?
2) ¿Era un motorista del Estado Mayor Presidencial quien conducía la camioneta o la manejaba el funcionario a quien está asignada?
3) ¿Qué hacía cerca de las 3:00 de la madrugada en la zona del Puerto de La libertad?
4) ¿Cuál era la misión oficial que hacía la camioneta de la Presidencia, un día antes? del 1 de mayo, día de asueto?
5) ¿Por qué huyeron de la escena de un delito
6) Homicidio culposo (no intencional) que es conciliable?